Las imputaciones sobre el presunto quebranto millonario a Petróleos Mexicanos (Pemex) son por una “animosidad” contra el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y por considerar que los empleados petroleros son “enemigos” de la paraestatal, sostiene Juan Carlos Soriano Rosas, ex abogado general de la empresa.En su declaración ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), Soriano Rosas coincide con un alegato de Raúl Muñoz Leos, ex director de Pemex, pues recuerda que la empresa —ya dirigida por Luis Ramírez Corzo— pactó el 25 de agosto de 2005 un convenio de transacción “que yo no firmé y en el que yo no participé de forma alguna”, pero que es la base para otorgar los mil 724 millones de pesos al sindicato.
El inculpado anota que en dicho convenio de transacción no sólo aparece la rúbrica de Rosendo Villarreal, director corporativo de Administración y actual alto funcionario en Pemex, y del abogado general, José Néstor García Reza, sino que lo avaló el Consejo de Administración el 17 de agosto de 2005.
En dicho convenio de transacción “se estableció pagar directamente a la representación sindical señalada la cantidad de un mil 724 millones 518 mil 939 pesos” para campos deportivos, vivienda y ayudas para festejos como del 1 de mayo y el 18 de marzo, mismos que son los que la SFP imputa a Soriano y Muñoz Leos.
“Suponiendo sin conceder que existiera el daño, que no existe, por mil 724 millones 518 mil 939.20 pesos, éste derivaría de manera inmediata y directa del convenio de transacción del 25 de agosto de 2005 y este acto no es imputable a mí ya que no lo elaboré ni lo suscribí ni lo pagué”, arguye Soriano Rosas.
Las ayudas para mantenimiento de escuelas, instalaciones deportivas, pago de viáticos y cualquier otro beneficio otorgado a trabajadores “no son donativos sino salario”; es más, en materia laboral no existen los donativos.
“Acorde con lo anterior, el pago de salarios a los trabajadores es un derecho laboral consagrado y protegido por la ley por lo que en ningún caso puede conceptualizarse como un daño patrimonial al patrón”.
Desde de agosto de 2005, Ramírez Corzo, quien sustituyó a Muñoz Leos, y el dirigente sindical, Carlos Romero Deschamps, se desistieron de ejecutar el convenio 10275/04, y firmaron uno nuevo para cumplir algunas obligaciones consignadas en el anterior convenio, como la construcción del deportivo.
El convenio de transacción deriva del convenio 10275/04, mediante el cual la paraestatal formalizó la entrega de recursos pactados un año antes con el sindicato; inicialmente se habían comprometido más de 7 mil millones de pesos, pero sólo se confirmaron los mil 724 millones de pesos cuestionados con la SFP y ASF.
Sin aceptar nunca las irregularidades señaladas por la SFP, Soriano explica en su defensa —de la cual EL UNIVERSAL tiene una copia— que el director de Pemex es el único con facultades legales para firmar convenios laborales sin pedir permiso al Consejo de Administración.
La SFP inhabilitó para desempeñar cualquier cargo en el gobierno federal durante 10 años a Soriano Rosas y a Raúl Muñoz Leos. Además, les impuso multa de 862.2 millones de pesos a cada uno al responsabilizarlos de un daño a Pemex por mil 724 millones de pesos.
La dependencia exoneró a Octavio Aguilar Valenzuela, ex director corporativo de Administración, por no haber normatividad que lo obligara a supervisar el convenio 10275/2004, que la paraestatal comprometió con su sindicato el 26 de julio de 2004 y que firmaron Muñoz Leos y Soriano.
“La imputación sólo se justifica por la falta de comprensión del régimen jurídico laboral de Pemex, por un posible desacuerdo subjetivo con las cantidades señaladas en el mismo, y por una mal entendida animosidad en contra del sindicato de la empresa, considerando que los trabajadores petroleros son ‘enemigos’ de la principal empresa del país, nada más absurdo y contrario al correcto funcionamiento no sólo de Pemex sino de cualquier empresa moderna que basa su eficiencia y correcto funcionamiento en una relación armónica con sus trabajadores”, afirma Soriano Rosas.
El ex abogado general admite que sí aparece su rúbrica en el convenio 10275/04, pero no su firma, por lo tanto dice que no dio su aval al convenio. La rúbrica aparece porque, explica, fue firmado dos veces, una por la Comisión Mixta Revisora y luego por Pemex y que en su caso sólo rubricó al registrarlo ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.