La Secretaría de la Función Pública (SFP) halló responsables de un quebranto por mil 724 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex) al ex director de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, y al ex abogado general, Juan Carlos Soriano Rosas, y aplicó sanciones administrativas, además de dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que determine si procede una denuncia penal.A ambos ex funcionarios les fue impuesta la pena de inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y deberán pagar, cada uno, una multa de 862.2 millones de pesos.
La dependencia federal exoneró a Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del ex vocero del ex presidente Vicente Fox, Rubén Aguilar, pues no existe normatividad que lo obligara a supervisar el contrato 10275/2004, que Pemex comprometió con su sindicato en julio de 2004.
Los dos ex funcionarios fueron encontrados responsables de quebranto por mil 724 millones de pesos a la paraestatal; por ello, la multa de 862 millones, que representa el daño al patrimonio más dos pesos.
Muñoz Leos y Soriano fueron notificados hace tres días de la resolución en su contra, y Aguilar Valenzuela fue enterado el miércoles; los inculpados tienen cinco días hábiles para impugnar ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Sin embargo, la SFP dio vista a la PGR del expediente, para que proceda conforme a sus atribuciones.
EL UNIVERSAL publicó el 24 de abril pasado la investigación contra Muñoz Leos, Soriano Rosas y Aguilar Valenzuela, por ocasionar un presunto daño patrimonial contra la paraestatal por mil 724 millones de pesos.
En el expediente administrativo 24/2007, la dependencia presentó 52 elementos que, sostiene, prueban la entrega directa de recursos al sindicato petrolero, sin la autorización del Consejo de Administración de la empresa ni apegarse a la normatividad.
De acuerdo con el oficio de notificación firmado por Francisco José de la Portilla Sordo, director de Responsabilidades “C” de la SFP, Muñoz Leos y Soriano Rosas “son responsables de los hechos que les fueron atribuidos en este procedimiento disciplinario; por lo tanto se les imponen las siguientes sanciones”:
La primera es una inhabilitación por 10 años para ejercer empleos, cargos o comisiones en la administración pública federal por violación a las leyes, que es la máxima pena, y por violar la normatividad presupuestal.
La segunda, de carácter económico, es por 862 millones 259 mil 470.60 pesos, cada uno, “que equivale a la mitad de un tanto del daño patrimonial causado, en corresponsabilidad por los involucrados, a Pemex”.
Para Soriano Rosas se repite el castigo impuesto a Muñoz Leos, mientras Aguilar Valenzuela “no es administrativamente responsable de los hechos que se le imputaron”.
Soriano y Muñoz Leos aparecen en el padrón de sancionados e inhabilitados que se puede consultar en la página web de la Función Pública.
La SFP encontró que Soriano y Muñoz Leos entregaron de manera directa recursos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), bajo el convenio 10275/04 los mil 724 millones de pesos; de esa suma, 200 millones fueron destinados a campos deportivos del gremio, según la cláusula quinta; otros mil 65 millones 518 mil 939 pesos con 20 centavos para vivienda, establecidos en la misma cláusula, además de 459 millones de “ayuda de gastos” para festejos como el del aniversario de la Expropiación Petrolera, que le adeudaban al sindicato de los años 2001, 2002 y 2003.
De acuerdo con la resolución, Soriano, a quien no ha sido posible localizar, firmó el convenio pese a que debió sancionar la irregularidad del mismo, porque no fue avalado por el Consejo de Administración y por autorizar pagos de años anteriores con cargo al presupuesto de 2004, acción prohibida por la ley.
La SFP estableció que Muñoz Leos y Soriano firmaron “sin contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente ni con las autorizaciones del Consejo de Administración de Pemex y de las secretarías de Energía y de Hacienda”.
En la revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró las irregularidades en el convenio 10275/04 suscrito por Muñoz Leos y el sindicato petrolero, y al revisar 5 mil 514 millones 333 mil pesos, determinó que los mil 724 millones de pesos no se apegaron a varios ordenamientos.
