La estrategia jurídica que siguió la Procuraduría General de la República (PGR), para que el gobierno federal disponga de los más de 205 millones de dólares decomisados al empresario mexicano de origen chino, es “una buena jugada legal”, coincidieron en señalar especialistas en derecho penal y fiscal, aunque reconocieron que la defensa puede ampararse ante esta medida.El penalista Juan Velásquez, consultado sobre el tema, explicó que la figura de abandono de bienes que aplicó la PGR, al vencer los 90 días que marca la ley, para reclamar el dinero, acreditar su propiedad o señalar que se tenían derechos sobre el numerario, en la práctica representa la “renuncia tácita del derecho de propiedad”.
No obstante que el Código Federal de Procedimientos Penales, permite al gobierno federal que pueda utilizar los recursos, el abogado destacó que uno de los escenarios posibles, es que la defensa pueda argumentar que la disposición es inconstitucional, pues contraviene el artículo 14 de la Carta Magna, que establece que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”.
Por su parte, Eduardo Sodi Carmona, ex director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal, indicó que el Código Federal de Procedimientos Penales no establece como requisito para evitar la declaración de abandono el que se acredite el origen del dinero, simplemente señala que causa abandono “si no existe manifestación alguna al respecto”.
En ese caso, si la defensa llegara a acreditar que si hubo esa manifestación, no debería haberse declarado ese abandono y por lo tanto sólo la autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podría decretar el decomiso de bienes, explicó el fiscalista.
