La Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), no descarta que actores políticos cómplices del EPR hayan participado en el sabotaje a los ductos de Pemex, de acuerdo con reportes que manejan funcionarios de la dependencia.Desde mayo pasado, según los informantes, detectaron movimientos del EPR en Oaxaca, vinculados al conflicto que se ha vivido en esa entidad desde el año pasado.
El Cisen alertó de posibles actos de desestabilización, según funcionarios de la Segob, pero sin definir dónde podrían ocurrir. Debido a ello, precisaron, se reforzó la vigilancia en instalaciones estratégicas como Laguna Verde, refinerías y plataformas petroleras, pero admitieron que no es factible vigilar metro a metro los ductos de Pemex.
Las fuentes no descartan la intervención de actores políticos en los actos que se adjudicó el EPR en Guanajuato y Querétaro.
La información recabada por este diario en Gobernación refiere que Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, desaparecidos y cuya presentación demandó el EPR, no están en manos de alguna autoridad federal.
Desde el 14 de febrero, ante la supuesta amenaza de Al-Qaeda, el gobierno mexicano confirmó sus mecanismos de vigilancia de instalaciones de Pemex, “resguardadas permanentemente por elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública”.
El 28 de junio se publicaron en el Diario Oficial reformas legales para castigar a quienes incurran en actos de terrorismo. Desde el 29 de noviembre de 2006 se fijaron normas de coordinación en materia de seguridad nacional, en las que compromete al Cisen a asegurarse de que “la información relevante se encuentre al alcance de las instituciones y autoridades que, en función de sus atribuciones, participen en la seguridad nacional”.
Según la Ley de Seguridad Nacional, es el titular de Gobernación el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, y según las reglas de coordinación, por conducto del Cisen promoverán que los comités especializados identifiquen fenómenos que integren amenazas y desarrollen “estrategias que permitan responder legal e institucionalmente a las amenazas identificadas”, y “asegurar el intercambio eficaz de inteligencia sobre amenazas cuya atención les corresponda”.
