Los atentados que se adjudicó el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR) demuestran una organización y capacidad de fuego que nunca tuvo a lo largo de una década, por lo que esto debe ser un “llamado de atención” para el gobierno federal, coincidieron en señalar especialistas en la materia.
Indicaron que el sabotaje en instalaciones de Pemex —en los estados de Guanajuato y Querétaro— obliga a las autoridades no sólo a reforzar las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas, sino también a mejorar sus servicios de inteligencia, para prevenir otros posibles ataques que anunció el grupo subversivo.
Jorge Chabat, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en entrevista aseguró que los ataques reivindicados por el EPR ponen en evidencia serias fallas de seguridad y en las labores de inteligencia del gobierno federal.
No obstante, es claro que derribaron “la última defensa”, ante la deficiente vigilancia de las instalaciones petroleras, lo que habla de una capacidad logística que convierte al grupo armado en un “foco rojo” para las autoridades.
Guillermo Valero Garduño, investigador de la UAM y profesor del Colegio de la Defensa de México, indicó que frente a estos atentados no puede considerarse que se vulneró la seguridad del país, pues además es imposible que se coloque a un militar en cada kilómetro de los ductos de Pemex.
Consideró que en este caso se debe tomar en cuenta, que el EPR actuó fuera de zonas consideradas hasta ahora como sus áreas de influencia, como los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán y el DF, por lo que eran difíciles de prever este tipo de ataques, aunque reconoció que habla de una nueva capacidad de organización.
Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema), dijo que los atentados se pueden atribuir más que a fallas de seguridad, al elemento sorpresa que estos grupos requieren para evitar su aniquilamiento.
