Tras las explosiones registradas en los ductos de Petróleos Mexicanos, que se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el gobierno federal ordenó reforzar la seguridad en las instalaciones estratégicas del país, aunque supuestamente ya habían sido reforzadas desde febrero de este año.
La medida se adoptó el pasado 15 de febrero luego de difundirse las supuestas amenazas que lanzó el grupo extremista islámico Al Qaeda en contra de los países que surten de crudo a Estados Unidos (México, Venezuela y Canadá).
El área responsable de la seguridad de la infraestructura petrolera y otros complejos es la Dirección General de Instalaciones Estratégicas y Servicios (DGIES), dependiente de la Coordinación de Fuerzas Federales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
La DGIES tiene entre sus tareas la generación de inteligencia para que la SSP y demás autoridades puedan hacer frente a contingencias, o actuar cuando “se sospeche o se detecte la ejecución de ilícitos”.
Para ello, cuenta con un banco de datos sobre delitos, personas, operaciones, delincuentes y modus operandi, especialistas en robo de equipo y materiales a las instalaciones estratégicas del país, pero no pudo anticiparse a las explosiones registradas el 5 de julio y el día de ayer.
La DGIES, además, forma parte de un grupo de coordinación interinstitucional en el que participan las secretarías de Gobernación, Marina, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Además de la industria petrolera, son consideradas instalaciones estratégicas la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Nacional del Agua, los aeropuertos y los cruces fronterizos, que reciben vigilancia permanente.
La lista incluye también las plantas termoeléctricas, la nucleoléctrica de Laguna Verde y las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia y Alemania.
La SSP informó que, tras las explosiones del 5 de julio en Guanajuato, personal de las fuerzas federales acordonó el área para facilitar las investigaciones que inició la Procuraduría General de la República (PGR), y que ayer se adoptó la misma medida en el gasoducto que explotó en Querétaro.
Además de las fuerzas federales, las autoridades de seguridad locales en los estados de Oaxaca e Hialgo —entidades en las que también existen instalaciones estratégicas— se declararon en alerta.
(Con información de Genaro Altamirano y Dinorah Mota, corresponsales)
