Los grupos de sicarios de los cárteles de la droga “han desestabilizado” diversas zonas del país, reconoce la Procuraduría General de la República (PGR) en un informe, en el que detalla que estos comandos operan en grupos de 30 sujetos, que se desplazan por al menos 10 estados de la República fuertemente armados para controlar sus territorios.La presencia de estos asesinos a sueldo —su movilidad, la violencia que han protagonizado, que en los últimos seis meses se traduce en más de mil 400 ejecuciones, según cifras oficiales—, es uno de los factores que llevó al gobierno federal a aplicar los operativos conjuntos en entidades como Guerrero, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Durango, entre otras entidades.
Así lo revela un diagnóstico elaborado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) sobre las operaciones de estos grupos criminales en las entidades en las que han incursionado las fuerzas federales, entregado a EL UNIVERSAL.
Esta radiografía sobre los grupos de sicarios en el país detalla que estos asesinos a sueldo, “operan en comandos de 30 personas, que a su vez se dividen en células operativas de siete integrantes, que se desplazan fuertemente armados —con rifles de asalto y granadas—, a bordo de camionetas”, así llegan a los municipios de las entidades en las que ejecutarán su misión, donde “tras ubicar a sus víctimas, atacan de manera simultánea, para trasladarse luego a otros puntos del estado, a fin de aparentar que son muchos más”.
Esta forma de operación de los grupos de sicarios, de acuerdo con el diagnóstico de la PGR, permite a los comandos trasladarse desde estados como Tamaulipas y Sinaloa, hasta regiones como Guerrero o Tabasco, para controlar las zonas en las que los narcotraficantes realizan el trasiego de drogas.
De acuerdo con la SIEDO, esta es la modalidad que emplean en sus operaciones grupos como Los Zetas del cártel del Golfo, que se calcula está integrado por al menos 300 sujetos entrenados y con alta capacidad de fuego, que ante el poderío que han alcanzado, se alían con grupos locales de las entidades en las que actúan “para fortalecer sus operaciones”.
Las zonas de operación
Los sicarios, como “brazo armado” de los cárteles de la droga, tienen la misión de mantener el control de territorios como Sonora, que es clave, pues en esa entidad hay ocho rutas de distribución de estupefacientes entre México y Estados Unidos —indica el documento—, y donde mantiene hegemonía el cártel de Sinaloa y sus asesinos a sueldo conocidos como Comando Negro.
La región es estratégica, ya que los cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, Perú y Bolivia, que arriban vía marítima a los puertos de Acapulco, Guerrero y Puerto Escondido, Oaxaca, son trasladados por vía terrestre a través de estados como Jalisco, Nayarit y Sinaloa, hasta llegar a Sonora, donde las remesas de narcóticos son traficadas a Estados Unidos, por Nogales y Agua Prieta.
La organización que lidera Joaquín El Chapo Guzmán también mantiene operaciones en el llamado Triángulo Dorado: Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde el gobierno federal aplica operativos conjuntos, para frenar las actividades de Ismael El Mayo Zambada, encargado de esta región.
Aunque en el estado de Chihuahua, señala el diagnóstico, también opera el cártel de Juárez, una zona donde diversas comunidades serranas son centro de actividades de estos grupos, y en las que los pobladores han sido reclutados por ellos, lo que facilita el tráfico de drogas en la entidad, ya que cuenta con áreas de difícil acceso y vigilancia como la sierra Tarahumara.
El documento indica que la droga que llega a México a través de Venezuela y Brasil, se introduce vía Cancún, Quintana Roo y Veracruz, hasta llegar a Tamaulipas, que es bastión del cártel del Golfo, pero es en Nuevo León donde se ha hecho necesaria la presencia de las fuerzas federales, ya que los sicarios de la organización se han desplazado a esta entidad, así como a Guerrero y Michoacán.
El análisis señala que en entidades como Guerrero, operan las células de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, socios del cártel de Sinaloa, quienes controlan 60% del tráfico de drogas en el estado, sobre todo de cocaína, pero mantiene una disputa por la zona con el cártel del Golfo.
Mientras que Baja California sigue bajo el control del cártel de Tijuana, que más allá de su grupo de sicarios, ha logrado crear una red de protección e impunidad, al incorporar a su nómina a policías municipales, estatales y federales, por lo que uno de los objetivos de las autoridades al incursionar a la zona, ha sido desarticular las redes de corrupción.
Uno de los retos en la región, también es desmantelar alrededor de 26 mil puntos de venta de droga al menudeo, que se calcula que hay sólo en Tijuana, distribuidos en mil 300 colonias que integra esta ciudad fronteriza.
