Una reforma fiscal superficial

Resolver, en especial, ese compromiso político habría sido crucial para cualquiera de los candidatos presidenciales. Por sus propuestas en favor del desarrollo y por los vínculos que mantuvo con el sector privado mexicano, Calderón salió al paso con un paquete de iniciativas legales que darían sustento a su reforma integral de la Hacienda Pública.

Como toda propuesta de este tipo, desató la polémica, incluso antes de su presentación. Lo sorprendente es que los empresarios ya manifestaron su desacuerdo con la ruta y los medios planteados para alcanzar una reforma que se presenta como parcial, compleja e inequitativa, aunque abre dos frentes que, de aprobarse, favorecerían el federalismo fiscal y no sólo la eficiencia, sino la transparencia del gasto público. Aunque por otro lado la reforma no marca ningún paradigma frente a dogmas económicos contenidos en el Consenso de Washington ni establece condiciones para enfrentar la desigualdad social y productiva del país.

El análisis del paquete de medidas que propone el gobierno como reforma fiscal hay que hacerlo, cuando menos, desde tres vertientes: ¿En qué se basa? ¿Qué pretende? y, quizá la más importante, ¿En dónde estamos?

En qué se basa

Las iniciativas propuestas incluyen reformas a la Constitución y a otros ordenamientos legales que contemplan la incorporación de dos impuestos que buscan cerrar el paso a todas las formas de la informalidad, elemento considerado por las autoridades como foco de atracción para alcanzar consensos.

Se plantean cuatro pilares de operación:

1. Administración tributaria, que busca facilitar el cumplimiento y combatir con más efectividad la evasión y la elusión fiscal. Para ello se plantean cambios en este aspecto que deberán incrementar la recaudación en 1.1% del PIB.

2. Gasto público. Establecer una estructura institucional que asegure un gasto orientado a resultados, que sea más eficiente y transparente no sólo en el ámbito federal, sino en el estatal y el municipal, y que promueva su productividad y austeridad.

3. Federalismo fiscal. Dotar a los estados y municipios de mejores instrumentos e incentivos para establecer una relación de corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno.

4. Ingresos públicos. Sentar las bases para un sistema tributario que permita sustituir los ingresos petroleros con fuentes más estables de recursos, empleando esquemas que promuevan la inversión, la generación de empleos y el crecimiento económico.

Esta es la argumentación política. En la práctica la reforma se centra en la introducción de la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), que sería pagada por las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial, y actuará como impuesto de control para el ISR, gravando con una tasa de 19% los ingresos después de deducir la inversión y la adquisición o renta de los bienes y servicios independientes utilizados para lograr esos ingresos.

La contribución sustituiría al Impuesto al Activo (Impac), que actualmente es de 2%. Se pretende que el CETU sea un gravamen neutral, es decir, que no afecta las decisiones de inversión. Su aplicación es general y, se dice, evitaría exenciones distorsionantes. Según la argumentación de Hacienda, "su aplicación es simple al aplicar una tasa única a una base de cálculo sencilla y no afectará a los contribuyentes cautivos".

Este impuesto se complementará con un crédito al empleo aplicable al CETU, "con el objeto de proteger el nivel del empleo y el salario. El monto del crédito al empleo será mayor para los trabajadores de menores salarios y se otorga como un complemento al actual crédito al salario, el cual se transforma en un subsidio para el empleo".

También se propone gravar con una tasa de 20% la celebración de apuestas y sorteos. Este tributo quedaría bajo la administración de los estados.

Se ha incluido un gravamen de 50% para las pinturas en aerosol que, a decir de Agustín Carstens en un Foro convocado por EL UNIVERSAL, "no tiene fines discriminatorios ni pretende desalentar a industrias o a la creatividad de las personas. Lo que pasa es que al erario le cuesta mucho limpiar las pintas que dejan las manifestaciones".

Para el combate a la informalidad y la evasión, se presenta un gravamen que precisamente se llama Impuesto contra la Informalidad, el cual aplicará una tasa de 2% a los depósitos hechos en efectivo que excedan la cantidad acumulada de 20 mil pesos a lo largo de un mes. Será retenido directamente por la institución financiera y el contribuyente podrá acreditarlo en su declaración mensual o anual contra el ISR.

Pero esto no queda ahí. Para fiscalizar a quienes no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, se considerarán como ingresos acumulables los depósitos que, sumados en todas las cuentas bancarias del sujeto revisado, sean superiores a un millón de pesos durante el ejercicio fiscal. Ello sucederá cuando el sujeto revisado no esté en el registro o que no esté obligado a llevar contabilidad.

En materia de federalismo se propone modificar las fórmulas y esquemas de distribución de las participaciones fiscales federales para premiar la actividad económica de los estados y municipios, además de promover los esfuerzos de recaudación. Se permitirá que las entidades generen ingresos propios, como el mencionado de las apuestas y sorteos o el aplicable a las ventas finales de gasolina diesel, cerveza y tabaco que, en ambos casos, serán complementarios del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS).

En el caso del impuesto final en gasolinas, cerveza y tabaco, la discusión se prevé caliente porque no es un impuesto nuevo. Su antecedente está en la "reforma fiscal" de 1995 y fue descartado por el alto costo político que conlleva su aplicación y administración.

Qué se pretende

Revertir la caída de la recaudación nacional, que en los últimos 18 años ha sido apenas de 9.5% del PIB y que contrasta negativamente frente a países de desarrollo semejante o con un ingreso per cápita como el de México. Por ejemplo, la recaudación en la República Checa es de 21.6% del PIB, en Polonia de 18.8%, Corea del Sur 16.7%, Venezuela de 21.4%, Chile de 20.4%, Argentina de 15.5% y Costa Rica de 12.3%. Incluso, es menor a la de Bolivia que, con menos desarrollo, es de 13.8%, o de Honduras, donde representa 13.7%.

El promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 24.9% del PIB.

Según la información difundida por autoridades y en documentos, con la reforma planteada se incrementarán gradualmente los ingresos de las entidades federativas en 1% del PIB y para el gobierno federal en 2% del PIB al final de sexenio. Con ello, dicen, se elevará el gasto en desarrollo social y económico, se consolidará la solidez de las finanzas públicas y constituye la base para enfrentar con éxito la eventual reducción de los ingresos petroleros, que actualmente representan 4.7 % del PIB.

En dónde estamos

La tasa promedio de crecimiento PIB fue de 2.1% anual en el sexenio anterior. Lo peor es que el PIB per cápita no ha sido superior a 1%.

El problema del desempleo es agobiante. La tasa promedio de generación de empleo en la estructura formal de la economía es marginal, de ahí la salida masiva de mexicanos al extranjero que, además, se ha convertido en la principal fuente de generación de recursos, al lado del petróleo.

La economía mexicana está inserta en el proceso de modernidad conocido como neoliberal, cuyo desempeño lo vemos en las cifras antes descritas y que se sustentan en la aplicación sistemática de los lineamientos del Consenso de Washington, además de las medidas de política económica recomendados por organismos financieros internacionales a partir de la crisis de la deuda externa que, en nuestro caso, vivimos desde 1982.

Entre esas medidas sobresalen la apertura económica y financiera, la liberación de los flujos financieros, desregulación de la actividad económica, equilibrio fiscal y privatización de empresas públicas, cuyos resultados han sido contrastantes.

Parte de la argumentación gubernamental para lanzar su propuesta tiene como punto de partida los efectos de estas políticas. Por ejemplo, datos del analista económico José Luis Calva precisan que el PIB per cápita solamente se ha incrementado a una tasa media de 0.4% anual en el periodo de 1983 a 2004; la inversión fija bruta por habitante sólo aumentó 0.2% anual; y los salarios mínimos han perdido 69.8% de su poder de compra.

En contraste, siguió, durante los años anteriores a la aplicación de la actual política económica, esto es, entre 1935 y 1982, el PIB per cápita creció a una tasa media anual de 3.1%; la inversión fija bruta per cápita lo hizo 5.8% anual y el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 96.9%.

Así, la propuesta de reforma fiscal no resulta paradigmática frente a las deficiencias que pretende resolver, sino que hay evidencias de su reproducción e, incluso, plantea un compromiso transexenal en materia económica y social. Sin embargo, la propuesta de reforma es una oportunidad para debatir sobre bases democráticas el futuro de México.