En decisiones unánimes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la disposición que permitía a concesionarios de radio y televisión prestar servicios adicionales de telecomunicación sin participar en licitación ni pagar por ello al Estado, así como el otorgamiento de concesiones por subasta.

Al continuar la revisión del juicio a la llamada ley de medios, los ministros también declararon inconstitucional, por ocho votos contra uno, el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece un plazo fijo de 20 años para la vigencia de las concesiones.

El contenido de los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, que otorgaba a los concesionarios del sector la explotación del espectro radioeléctrico para servicios como telefonía e internet, fue rechazado por todos los ministros, aunque con diferentes argumentos.

Los ministros establecieron que el artículo 28 viola seis artículos de la Constitución, pues atenta contra los derechos de igualdad y libertad de expresión, restringe la rectoría económica del Estado, favorece la formación de monopolios y la concentración de los medios de comunicación en manos de los concesionarios actuales.

El intenso debate confrontó de nuevo las posturas de los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, autor del dictamen, y Genaro Góngora Pimentel, en torno a si debía prevalecer la violación a la libre competencia -como sostiene el proyecto- sobre la del derecho a la libre expresión y acceso equitativo a los medios, como planteó el segundo.

De acuerdo con Aguirre, la autorización a los concesionarios para prestar servicios adicionales con una simple solicitud y sin que paguen una contraprestación, es un privilegio que les da una ventaja indebida, que crea "una significativa barrera a la entrada del mercado".

Agregó que el artículo impugnado discrimina a los permisionarios de radio y televisión que operan estaciones culturales; a los concesionarios de telecomunicaciones, obligados a participar en licitaciones para obtener nuevas frecuencias y a cualquier otro interesado en participar en estos mercados.

Góngora argumentó que ante el conflicto de decidir entre competitividad y mercado, contra pluralismo y democracia, el legislador optó por la primera opción, pero la Constitución tutela la segunda.

"La renuncia del Estado al espacio radioeléctrico, necesario para concretar los derechos fundamentales de libertad de expresión, información y prensa, a través de un acuerdo intersecretarial y su elevación a rango legal, en el artículo 28 impugnado, es inconcebible en una democracia", afirmó.

El ministro advirtió que el artículo 28 permite a los concesionarios actuales, al explotar otros usos del espectro, "la maximización de sus ganancias a costa de la posibilidad de la existencia de otros medios de comunicación".

Otro punto que generó un amplio debate fue el de la asignación de concesiones de radio y televisión mediante subasta pública y a plazos fijos de 20 años.

Por unanimidad, los ministros declararon inconstitucional un fragmento del 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece la definición de concesiones por licitación "a través de subasta pública".

Los nueve ministros respaldaron el proyecto de Aguirre Anguiano, y establecieron que ese mecanismo viola seis artículos de la Constitución, al favorecer sólo a los grandes grupos con poder económico, mientras el Estado renuncia a ejercer su facultad como garante de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Sobre el plazo de 20 años para las concesiones, los ministros coincidieron en que es inconstitucional porque afecta la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico y violenta el derecho a la igualdad de los concesionarios de telecomunicaciones.

Celebran promotores; senadores vislumbran nueva legislación

Los promotores de la acción de inconstitucionalidad contra la ley de medios, celebraron las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidaron los privilegios otorgados a las televisoras privadas, y exhortaron al Congreso de la Unión a impulsar verdadera reforma en la materia.

Los ex senadores Dulce María Sauri y Manuel Bartlett, del PRI; Javier Corral, del PAN; y el ahora diputado del PRD, Raymundo Cárdenas, expresaron su reconocimiento a los ministros al término de la sesión con un aplauso.

"Hemos encontrado en nuestro camino a una gran Corte de Justicia de la Nación. Estos criterios establecen un marco referencial ineludible para los legisladores sobre el proceso de otorgamiento de concesiones", manifestó Corral, quien consideró además que el Poder Judicial dio "una gran lección frente a la claudicación que tuvieron dos Poderes del Estado mexicano".

Ante las resoluciones emitidas por la Corte, los senadores Santiago Creel (PAN), Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD) dieron por hecho que habrá nueva legislación en esta materia. (Con información de Arturo Zárate)