El Estado mexicano no ha llevado a cabo una adecuada labor de prevención de los crímenes contra periodistas, y al no poder cumplir con su obligación de mitigar, sancionar y reparar el daño, crea un clima de impunidad que afecta el ejercicio de la libertad de expresión, señaló Amerigo Incalcaterra, representante en México de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.A su vez, la directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Brisa Maya, manifestó que el gobierno mexicano tiene un saldo pendiente en materia de libertad de expresión, pues tan sólo en 2006 se documentaron 12 homicidios contra periodistas, sin que ninguno de ellos haya sido esclarecido ni sancionado.
Guerrero, de los más peligrosos
Informó que los estados de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal, Sonora y Tamaulipas son los más peligrosos para el ejercicio periodístico, ya que de ellos proviene el mayor número de casos de homicidios y ataques contra comunicadores.
Ayer se inauguró en la ciudad de México el seminario internacional El derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión, en el que participan defensores de los derechos humanos, académicos y representantes de los medios de comunicación.
Ahí, Incalcaterra dijo que la labor de los defensores de los derechos humanos enfrenta nuevos retos, pues en algunos Estados del mundo, no sólo se ha obstaculizado su trabajo sino también se les ha estigmatizado como criminales e, incluso, como terroristas.
Destacó que en México hay grandes avances en derechos humanos, pero consideró que el Estado debe garantizar el libre ejercicio de los ombudsman y de los periodistas.
Reiteró que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México observa con preocupación los recientes ataques sufridos por algunos representantes de diversos medios de comunicación, lo que significa, dijo, que las autoridades no han podido realizar una adecuada labor de prevención.
Incalcaterra informó que ha recibido 19 escritos en los que también se han denunciado agresiones en contra de defensores de derechos humanos, tres de los cuales han sido privados de la vida.
En posterior entrevista, Incalcaterra destacó la importancia de que el gobierno actúe para aclarar los crímenes y agresiones contra periodistas, para dar un mensaje a los autores de esos atentados de que el Estado está investigando.
De lo contrario, advirtió el entrevistado, se genera un clima de impunidad que sólo favorece a los criminales, donde el Estado sería responsable por omisión.
La directora de Cencos, Brisa Maya, al dar a conocer el reporte Recuento de daños 2006: un acercamiento a la libertad de expresión e información en México, indicó que en ese año la mayor parte de los periodistas que perdieron la vida y que fueron amenazados y hostigados fueron aquellos que tenían bajo su cargo las fuentes policiacas y políticas, "aunque en el caso de estos últimos, hay una tendencia al alza".
Dijo que los periodistas que trabajan en medios impresos sufrieron más ataques que aquellos que se desempeñan en los electrónicos.
Indicó que estos datos dan cuenta del grado de descomposición social que ha hecho del ejercicio periodístico una actividad de alto riesgo en México.