Al continuar la revisión del juicio a las leyes de medios, por unanimidad, los ministros concluyeron que la condición de inegilibilidad establecida en el tercer párrafo del segundo transitorio de esa normatividad viola diversas garantías protegidas por la Constitución; entre ellas destaca la de trabajo.

Pero por un acuerdo adoptado, los ministros decidieron pronunciarse en torno a los efectos que tendrá esta decisión hasta que hayan agotado todos los temas a discusión en el juicio de las leyes de medios.

Genaro Góngora Pimentel se pronunció porque el efecto de la decisión sea anular la designación de los actuales comisionados, la cual se dio en mayo de 2006 sin tomar en cuenta para el cargo a quienes lo ocupaban antes de la reforma a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

En contraste con esta postura, Margarita Luna Ramos dijo que en su opinión, la decisión de la Corte no podía ser retroactiva, por lo que no se modificará el nombramiento de los actuales comisionados de la Cofetel.

En cambio, Mariano Azuela fijó una posición intermedia al proponer que la Corte se limite sólo a declarar la inconstitucionalidad de este punto contenido en el tercer párrafo del segundo transitorio de la ley en cuestión, sin establecer efectos o consecuencias de su decisión.

Azuela propuso dejar a autoridades y personas afectadas por el fallo que decidan qué procederá desde que se declare inconstitucional el tema.

Al final, a propuesta del presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el pleno de la Corte acordó reservar para las próximas sesiones la discusión en torno a los efectos de su declaración de inconstitucionalidad.

En la sesión donde se continuó la discusión de los 21 puntos impugnados en las leyes de medios, la mayoría de ministros, por seis votos contra tres, también se pronunció en favor de declarar inconstitucional el apartado de la misma ley con el cual se estableció que el nombramiento de los actuales comisionados debe ser escalonado.

Pero como se necesitaban ocho votos para realizar la declaratoria de inconstitucional, este punto quedó tal cual en la ley, sin ningún cambio.

El Congreso estableció para los nuevos comisionados periodos iniciales de dos, cinco y ocho años en el cargo, con la opción a que puedan ser reelectos por un lapso de ocho años.

Los ministros Genaro Góngora Pimentel, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González Salas, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza llegaron a la conclusión de que esta disposición es inconstitucional porque el Congreso se entrometió en facultades del Presidente de la República para poder nombrar y remover libremente a quienes ocupan este cargo.

Pero no lograron sumar los votos requeridos para anular esta medida.

Sergio Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón y el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia se pronunciaron en favor de declarar válido este apartado de la ley. Aunque no eran mayoría, su postura ganó.