Durante la reunión, uno de los principales temas a tratar será la situación laboral de los 11 militares que ganaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ser reinstalados, luego de haber sido dados de baja por ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El legislador perredista consideró como "discriminatorias" las declaraciones de los ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela, quienes avalaron la decisión de que se declare la inutilidad de los militares por tener VIH, debido al riesgo de que contagien a sus compañeros o a la población en general. Explicó que el artículo 226, fracción 45 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que incluye como causal de baja la seropositividad, es inconstitucional porque los discrimina al calificarlos de "inútiles", argumentando que los militares con este padecimiento son un severo problema bacteriológico para la comunidad castrense y la ciudadanía.

Miguel Ángel Navarro dijo que aunque la Suprema Corte amparó a militares infectados con el virus y ordenó que se les reincorpore en sus cargos hasta que se emitan certificados médicos para determinar si son aptos o no para las Fuerzas Armadas, la Comisión de Seguridad Social no ha tenido información de que hayan sido reincorporados a sus funciones. No obstante, recordó que el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, precisó que esta resolución "no obliga de ninguna manera al Ejército a tener entre sus filas en activo" a militares que adquieran una enfermedad dentro o fuera del servicio.

Agregó que también plantearán al titular del ISSFAM reformas a la ley de seguridad social de las fuerzas armadas, así como analizar el sistema pensionario, tanto de elementos del Ejército como de la Marina.