Si investigadores como René Drucker, reconocido por sus hallazgos sobre el mal de Parkinson; Marcos Moshinsky, Ruy Pérez y Pablo Rudomín, entre otros 16 mil científicos y trabajadores de las universidades públicas de México, decidieran jubilarse y pensionarse, provocarían una crisis al sistema universitario.

Los investigadores que se han ido retirando representan una cuarta parte del total de universitarios, con un costo superior al presupuesto de la educación de 25 millones de niños y jóvenes de educación básica.

Se trata de un adeudo o pasivo de 288 mil 858 millones de pesos, contabiliza la Auditoría Superior de la Federación, luego de revisar las reformas de los esquemas de jubilación y pensiones de 22 de 28 universidades públicas en el país en el año 2005, y que consistieron en incrementos a la edad de retiro, crear fondos para la jubilación, otorgar estímulos para que los trabajadores retarden su retiro y crear nuevos esquemas para las nuevas generaciones de universitarios.

El documento a que tuvo acceso EL UNIVERSAL señala que, entre 2002 y 2005, el gobierno federal destinó 3 mil 72 millones de pesos para que 28 universidades emprendieran reformas a los contratos colectivos de los trabajadores. Sin embargo, en el resultado de la auditoría se concluye que hay "opacidad" y falta de transparencia en el manejo de esos recursos por parte de la Secretaría de Educación Pública y de los gobiernos estatales, quienes retardan la entrega de los recursos autorizados en la Cámara de Diputados.

"No existen controles adecuados en los procesos de evaluación y dictaminación de los proyectos presentados por las diversidades públicas estatales para obtener recursos federales, así como el establecimiento de plazos para los gobiernos estatales en la transferencia de recursos a las universidades".

De acuerdo con el documento de la Cámara de Diputados, en este momento las universidades públicas tienen 7.5 trabajadores en activo por cada jubilado, pero hay instituciones en donde la crisis se acerca a situaciones insostenibles y de franca crisis como las autónomas de Coahuila, en donde hay 2.7 trabajadores activos por jubilados; Puebla y Ciudad Juárez, que tienen tres trabajadores por pensionado, y Nuevo León, Querétaro y Sinaloa, con cuatro por jubilado.

Al igual que sucede en el resto del sistema de trabajadores al servicio del Estado, en las universidades públicas la situación de jubilados y pensionados, así como quienes en poco tiempo accederán a este tipo de prestaciones, ha colocado a las instituciones frente a problemas estructurales que afectan sus finanzas cotidianas.

En el caso de las universidades evaluadas, el pago de más de 18 mil 706 trabajadores jubilados absorbe 21.2% de la nómina anual de los trabajadores en activo, pero ese promedio se convierte en crítico en casos como el registrado en las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde 54.3% del presupuesto para el pago de salarios y prestaciones lo absorben los trabajadores jubilados o pensionados.

La proporción también es alta en instituciones como las autónomas de Nuevo León (35.1%), Sinaloa (33.1%), Puebla (31.2%), Querétaro (25.3%), Ciudad Juárez (24.8%) y Coahuila (24.3).

Por las condiciones pactadas entre sindicatos y autoridades en cada universidad, las condiciones de retiro de los trabajadores son desiguales, por lo que en casos como el de científicos como Drucker, Moshinsky, Rudomin y Pérez Tamayo, una de las razones por las que llegan a postergar su retiro es la pérdida de sus ingresos, ya que de hacerlo sólo lograrían una cuarta parte del total de sus actuales salarios compensados por las becas y los estímulos.

No así sucede en otros casos en donde los profesores o trabajadores obtienen ingresos equivalentes o superiores a los trabajadores en activo porque tienen esquemas de "doble jubilación", la que se otorga por instituciones federales (IMSS o ISSSTE) y la del sistema estatal o en organizaciones privadas. La Auditoría identificó en 13 de 16 universidades que los trabajadores retirados reciben salarios superiores a los que están en activo.

En el promedio nacional Michoacán encabeza la lista con casi 31 mil pesos mensuales por jubilado, frente a 28 mil pesos que reciben los trabajadores en activo.

Pero al revisar casos particulares de trabajadores, se encontró que en la Universidad Autónoma de Nuevo León se está pagando la pensión más alta a un jubilado por 84 mil 300 pesos; le siguen la Autónoma de Puebla, con un trabajador que recibe 82 mil 300 pesos, y la de Colima, con 72 mil 300 pesos.