Las victorias y las derrotas jurídicas, se estima en la Corte, alcanzarán a quienes participan directamente en el juicio, como el Congreso de la Unión, los 47 senadores disidentes de la anterior legislatura que impugnaron las reformas y del presidente de la República. Y también a quienes no forman parte del juicio, aunque han participado de manera activa, como las grandes televisoras, en especial porque de la decisión de la Corte depende que puedan o no hacer negocios multimillonarios.

Los únicos que no se sabe a ciencia cierta qué van a ganar o a perder con la decisión de la Corte son los habitantes del país.

Después de tres sesiones, que iniciaron con la consulta de dudas técnicas en torno a las leyes de medios a un grupo de especialistas de la UNAM y del IPN, el primero en anotarse un triunfo en este juicio, aunque considerado como de poca trascendencia, fue el Congreso de la Unión. Lo hizo con el voto unánime de los nueve ministros de la SCJN que participan en la resolución de este caso; con un voto de unidad que se espera sea el sello de la casa a lo largo de todo el juicio que se prevé se prolongue todavía más de una semana.

En la sesión del jueves, los ministros llegaron a un consenso para reconocerle al Congreso la facultad que tiene, aunque con ciertos límites, para crear órganos desconcentrados de la administración, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), órgano que se encarga, entre otras cosas, de otorgar las concesiones de radio y televisión.

Este, aseguran fuentes de la Corte, es el primero de varios puntos que va a ganar el Congreso a lo largo del juicio, y que van a perder los 47 ex senadores, encabezados por Javier Corral, que impugnaron el contenido de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones.

Pero junto con esta victoria del Congreso, la Corte también comenzó a escribir lo que se espera sea uno de los reveses más importantes que sufra el Congreso en los próximos días, y uno de los primeros triunfos tanto de los ex senadores como del Presidente de la República. Ese mismo día los ministros rechazaron una propuesta para que no se pudiera tocar el nombramiento de los actuales comisionados de la Cofetel, y al hacerlo abrieron la posibilidad de anular su designación en los próximos días.

Con base en un criterio que emitieron en un caso previo, se prevé que, como lo pidieron los ex senadores, se declare inconstitucional el mecanismo que estableció el Congreso para designar a los comisionados.

El Congreso se otorgó la atribución de objetar a las personas que el presidente de la República designe como comisionados de la Cofetel, lo cual, en opinión de la mayoría de ministros de la Corte es inconstitucional porque el presidente de la República tiene la facultad exclusiva de nombrar a este tipo de funcionarios. Derivado de esta decisión se prevé que una mayoría de ministros se pronuncie por anular el nombramiento de los actuales comisionados por considerar que se basó en una ley inconstitucional.

Una decisión de este tipo le daría todo el control de la Cofetel al presidente Felipe Calderón, pues dejaría fuera a algunos de los comisionados que se considera responden a intereses de las televisoras y no del gobierno.

En cambio se estima que es muy factible que una mayoría de ministros apoye la propuesta que hizo Aguirre Anguiano para que se refrende la concesión de las actuales televisoras para que sigan controlando la mayor parte de los canales de televisión abierta.

Para los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett esta decisión implica refrendar a perpetuidad las concesiones otorgadas a las grandes televisoras.

Es en este escenario de triunfos y derrotas en donde uno de los principales temas del juicio de la ley de medios se estima que la moneda todavía está en el aire. Se trata de los artículos 28 y 28A en los que se estableció un mecanismo para que los actuales concesionarios puedan obtener una nueva concesión en materia de comunicaciones que les permita brindar servicios adicionales, de telefonía e internet, sin necesidad de participar en licitación o de pagar una contraprestación al Estado.

El ministro Sergio Aguirre propuso declarar inconstitucionales estos artículos porque "propician la concentración, en manos de los concesionarios de la radiodifusión, de los servicios de telecomunicaciones, lo que se contrapone a un régimen que asegure una efectiva pluralidad de concesionarios que evite la formación de grupos de poder en una actividad que tiene una influencia decisiva en la sociedad". Y porque "el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones implicará la traslación de su posición preponderante en su mercado al segmento de los servicios de telecomunicaciones, provocándose así que las actividades tanto de radiodifusión como de servicios adicionales de telecomunicaciones se concentren en unos cuantos agentes económicos, en lugar de que se abran a la competencia y se logre una mayor diversidad y pluralidad tanto en los medios masivos de comunicación como en telecomunicaciones".

En la Corte se asegura que la propuesta de Aguirre cuenta con el apoyo de la mayoría de ministros, incluso se habla de que en la decisión se podría contar con el voto unánime.

Pero al mismo tiempo existe la duda respecto de si quienes sostienen esta postura alcanzarán los ocho votos que se requieren para declarar inconstitucionales dichos artículos. En especial porque basta con que dos ministros, de los nueve que actualmente participan en este juicio, apoyen la ley para que bloqueen cualquier intento de anular los privilegios otorgados a las televisoras.