En una reunión con diputados de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el procurador reconoció que el gobierno mexicano perdió el poder ante el crimen organizado, que disputa potestades que son exclusivas del Estado, como el uso de la fuerza y hasta el cobro de impuestos en algunas regiones del país, por lo que la ofensiva de las autoridades busca recuperar esos territorios "arrebatados de alguna manera por estas organizaciones".

Al ser cuestionado sobre la presencia de los militares en las entidades en las que se ha registrado una escalada de violencia, dejó en claro que las fuerzas castrenses continuarán con los operativos conjuntos.

A pesar de las críticas recibidas por la presencia del Ejército en las calles, realizando tareas de seguridad, Medina Mora puntualizó que "la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública está perfectamente legitimada en la Constitución, en la ley y en la jurisprudencia de la Suprema Corte".

Enfatizó que "sobre esta base, (el Estado) hará uso de estas capacidades todo el tiempo que sea necesario". Aunque señaló que la participación de los militares "es por naturaleza temporal, en función de que no puede sustituir a la responsabilidad constitucional de la autoridad civil, municipal, estatal y federal".

En cuanto al dominio del crimen organizado sobre el Estado, el procurador dijo que "hay una cierta pérdida de elementos centrales de la potestad del Estado en geografías determinadas. Las dos cosas que caracterizan a un Estado son el monopolio del uso de la fuerza y el derecho exclusivo de cobrar impuestos, estas dos potestades de alguna manera, son disputadas por organizaciones criminales".

Indicó que esto se traduce en que "hay una toma de control de cuerpos policiales que son corrompidos por estas organizaciones, nos arrebatan a nuestros policías, y además tienen la posibilidad de cobrar extorsión o protección a giros negros o lícito".