Ese tipo de personas -de quienes no mencionó sus nombres- dijo, en realidad "no saben de lo que estamos hechos" los ministros.

Porque, agregó, "por cumplir con nuestras encomiendas no pagamos costo político alguno, estamos prestos a desahogarlas sin ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias, tal como está previsto en la Constitución, sin preocupaciones de otras políticas. De eso estamos hechos"., aclaró

Con esas Aguirre inició la presentación de la propuesta de sentencia que elaboró para resolver el juicio de acción de inconstitucionalidad que promovieron 47 senadores de la anterior legislatura ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se impugnaron diversos artículos de la ley de medios que consideraron aumentan los privilegios de los grandes televisoras.

En relación con quienes apoyan la ley y quienes les piden que no se dejen presionar, pero en ambos casos lanzan advertencias en contra de la Corte, Aguirre precisó que la SCJN "habrá de solucionar todo aquello que la Constitución le encomienda; lo que si no podrá hacer es quedar bien con los contradictores".

Los ministros destinaron los últimos 30 minutos de la sesión para que Aguirre expusiera su proyecto, lo cual fue el inicio formal de la discusión jurídica sobre el caso y se dejó el camino avanzado para que en la sesión del jueves comience la discusión de la propuesta que se presentó.

El ministro encargado del juicio dijo, en primer lugar, que la Corte tiene que determinar qué constituye la propiedad originaria del Estado y para eso, preguntará básicamente ¿De qué es dueño el Estado?

La Corte, agregó, establecerá si el espectro radioeléctrico es un bien público; precisará el régimen constitucional de las concesiones públicas; y delimitará la manera en que, constitucionalmente, los bienes o servicios públicos son concesionados.

Todo eso, dijo, para fijar "si la ley impugnada, específicamente, algunos de los artículos del Decreto que la modificó, respetan o no los principios constitucionales de equidad, no discriminación, concurrencia económica y rectoría del Estado".

Antes de la presentación de Aguirre, los ministros escucharon por segundo día consecutivo, las opiniones de especialistas de la UNAM y del IPN en torno a los aspectos técnicos de la ley a revisión.

La mayoría concentró su atención en los detalles técnicos relacionados con la aplicación del artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión que permite que en el futuro los actuales concesionarios puedan prestar servicios adicionales a los que ya ofrecen, a través del mismo espectro radioeléctrico con el que cuentan.

En opinión del ministro Aguirre dicho artículo es inconstitucional y para comprobar su postura preguntó directamente al ingeniero del IPN, Celestino Antonioli Ravetto, si desde el punto de vista técnico había un motivo para que a los actuales concesionarios de radio y televisión se les cambiara la concesión que tenían de radio o televisión por una de telecomunicaciones.

Antonioli Ravetto, quien entre otras cosas, forma parte del Comité de Nuevas Tecnologías de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), y quien fue el único de los expertos a quien se les atribuyó no tener una postura independiente sino a favor de lo marcado en la ley, primero contestó basándose en concepto legales, pero luego tuvo que aceptar que la razón para cambiar el tipo de concesión es que se pasaría de la televisión o radio abierta, y por tanto gratuita, "a un servicio de transmisión de datos por suscripción o por negocio", opinión que fue ratificada por, Hidelberto Jardón Aguilar, del IPN.