Los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) desarmados por el grupo de sicarios que la semana pasada incursionó en Cananea, Sonora, no serán sometidos a procedimiento administrativo interno, pues de haber opuesto resistencia al grupo armado ponían en riesgo su vida.
EL UNIVERSAL publicó ayer que seis integrantes de la corporación fueron sometidos en su cuartel por el comando, que los obligó a entregar sus armas, además de amenazarlos de muerte si intervenían en sus acciones.
Fuentes de la dependencia rechazaron que la conducta de los agentes federales pueda configurar una falta al reglamento interno, "porque se trataba de una cuestión de supervivencia".
Sin embargo, confirmaron que el caso de los seis mandos destituidos el viernes pasado, entre ellos el coordinador de Seguridad Regional de la PFP, Francisco Javier Garza Palacios, es diferente.
Cese de mandos no significan soluciones
Las fuentes precisaron que el incidente de Cananea, que evidenció la falta de coordinación y planeación estratégica de los funcionarios destituidos, influyó en la decisión de relevar a los mandos, pero no fue el único motivo. "Había situaciones que no se ajustaban a los procedimientos establecidos para la actuación de la Policía Federal Preventiva", señalaron, sin detallar si se trató únicamente de deficiencias en el desempeño o de problemas de corrupción. Sin embargo, tampoco en este caso se inició investigación interna, se optó por el cese inmediato de funcionarios.
Al respecto, Marcos Pablo Moloesnick, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de seguridad, sostuvo que, cuando se presume alguna responsabilidad de los mandos policiacos, el cese no puede ser la única sanción aplicable.
Moloesnick consideró que, en un caso como éste, se debe iniciar una investigación interna para deslindar responsabilidades administrativas e, incluso, de orden penal.
"La decisión de separar a policías o agentes gubernamentales de una corporación, es el recurso extremo en un régimen policial, y al estar motivado puede dar lugar a responsabilidades de carácter civil y penal. El Estado tendría que tener la capacidad de sancionarlos, más allá de separarlos, para dar un ejemplo", sostuvo.
