El juez Miguel Alvarado Esquivel emitió esta decisión al anular, por inconstitucional, una parte del proceso que se siguió en el Senado para designar a los integrantes de la Cofetel hace un año, cuando la mayoría de senadores objetó el nombramiento que les otorgó el entonces presidente Vicente Fox a Rafael del Villar y a Gonzalo Martínez Pous como comisionados del organismo.

El juez declaró inconstitucional el último párrafo del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones en el que se basó el Senado para objetar el nombramiento de Rafael del Villar y de Gonzalo Martínez y, en consecuencia, les otorgó un amparo para que se les vuelva a designar como comisionados.

La medida es para el efecto de que que vuelva a ser válido el comunicado que emitió el presidente Vicente Fox el 9 de mayo de 2006 en el que designó a Rafael del Villar como comisionado de la Cofetel por un periodo de seis años y a Gonzalo Martínez por cinco años.

De acuerdo con lo establecido en la sentencia tanto los comisionados afectados como el Presidente de la República y el Senado tienen 10 días para impugnar la decisión.

En caso de que no lo hagan la sentencia se volverá definitiva y el Presidente deberá cumplir la orden que giró el juez para destituir a Eduardo Ruiz y a Gerardo Vega y nombrar en su lugar a Rafael del Villar y a Gonzalo Martínez.

Sin embargo, a unas horas de que se conoció la sentencia que emitió el juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la capital del país, la misma causó reacciones encontradas entre quienes resultaron afectados y quienes fueron beneficiados con la decisión.

Rafael del Villar y Gonzalo Martínez, quienes se desempeñan como subsecretario de Transportes y como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, aseguraron que en caso de ganar el juicio se desistirían de ocupar su lugar en la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Ayer fuentes cercanas a estos dos funcionarios confirmaron esta versión y adelantaron que la mañana de este martes emitirán un comunicado que firmarán de manera conjunta en el que darán a conocer que declinan a la designación que les hizo el presidente Fox como comisionados de la Cofetel.

Consultado al respecto, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Jorge Náder, explicó que para que la declinación de sus intenciones tenga efecto tienen que notificárselo por escrito al juez a fin de que éste tenga por cumplida la sentencia y cierre el juicio.

De lo contrario, explicó, las declaraciones de los funcionarios quedarían en meras palabras y no tendrían ningún efecto jurídico.

En contraste con la postura de dichos funcionarios, el todavía comisionado de la Cofetel, Eduardo Ruiz Vega aseguró, en entrevista, que apelará la decisión del juez en su calidad de tercero perjudicado antes de que venza el plazo de los 10 días.

Ruiz Vega aclaró que sólo si la sentencia es ratificada en segunda instancia dejará su cargo.

En caso de que Ruiz Vega o su compañero Gerardo González Abarca o el Senado impungen la decisión del juez, el caso tendría que ser revisado por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pero en la práctica no tienen posibilidades reales de ganar el juicio, de acuerdo con funcionarios de la Suprema Corte.

Esto último porque el jueves pasado la Corte emitió un criterio en un caso idéntico en el que determinó que el Senado no puede objetar la designación de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco).

Y, de manera especial, porque el juez, en la sentencia que emitió para amparar a del Villar y Martínez utilizó los mismos argumentos que empleó la Corte para el caso Cofeco.

En la sentencia el juez argumentó que "el artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones viola la garantía de legalidad y el principio de división de poderes, dado que, en primer lugar, el Congreso de la Unión carece de competencia para asignarle al Senado atribución alguna que no está expresamente consignada en la Constitución".

Y, "en segundo lugar, porque el ejercicio de esa atribución implica una intromisión en la esfera de competencia de otro órgano del Estado, concretamente respecto del ejercicio del poder de nombramiento que tiene, directa o indirectamente, el titular del Ejecutivo Federal sobre los cargos de la Administración Pública Federal Centralizada".