La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México prepara un nuevo proyecto de ley para presentarlo al Congreso de la Unión, con el fin de revertir el daño que hacen las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión a las radiodifusoras y televisoras públicas, y de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por decidir su legalidad.

Ernesto Velázquez, presidente de la Red, informó a EL UNIVERSAL que independientemente del fallo de la SCJN sobre la Ley de Medios, afinan una ley de fomento a la radiodifusión de calidad, que brinde el marco jurídico adecuado a los medios públicos.

En su opinión, el tema no ha sido suficientemente discutido "y estamos en riesgo, no exageramos, estamos en riesgo de desaparecer".

Dijo esperar una opinión favorable de la SCJN para que se eviten las desigualdades y la afectación a los medios públicos, que promueven la cultura y la educación.

"La red está trabajando precisamente en un nuevo proyecto legal para someterlo al Congreso y que permita que los medios públicos también tengamos, más allá de todas estas reformas, un marco jurídico que respalde nuestro trabajo diario", comentó Velázquez.

Precisó que lo se que busca "no es otra cosa que los elementos legales necesarios para asegurar nuestra permanencia".

Proyecto perredista

A su vez, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados anunció que ya prepara una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, la cual presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre.

Javier González Garza, coordinador del PRD, informó que su fracción detalla el marco legal para regular los medios de comunicación independientemente del fallo que emita la Suprema Corte.

Detalló que la redacción de un nuevo marco legal para los medios masivos de comunicación forma parte de su plataforma legislativa para este año, e informó que el trabajo se realiza en el Senado y lo tomarán en cuenta como parte de la reforma del Estado.

"Esa ley nos parece violatoria de la Constitución y lo hemos dicho varias veces, estamos discutiendo ese nuevo proyecto", aseveró.

Desde su punto de vista, hay al menos 25 artículos de la Ley de Medios que son inconstitucionales.

En cuanto a las declaraciones de Santiago Creel, coordinador del PAN en el Senado, quien reveló que la Ley de Medios se aprobó bajo presiones, González Garza consideró que esa revelación les da la razón.

"Por qué Creel dice que fue un asunto de presión, si algunos pensábamos que había un asunto de compra de legisladores, pero Creel dice que fue un asunto de presión, y lo que está claro es que dice que así no se pueden hacer las leyes, y esa ley está mal", explicó González Garza.

Velázquez señaló también que la convergencia tecnológica permite ganar mucho dinero a los concesionarios, pero restan posibilidad a los medios públicos. "No considerar las reformas legales a los medios públicos, y no decir entre otras cosas cómo le vamos a hacer frente a esa convergencia tecnológica nos pone en severo riesgo de que muchos de estos medios desaparezcan", destacó.

Velázquez añadió que a pesar de los grandes alientos que puede dar el proyecto de sentencia del ministro Salvador Aguirre, también están preocupados por la renovación automática de las concesiones.

Consideró que la duración de 20 años, es una "enormidad", cuando en otros países lo normal son 10 años, y sujeto a evaluaciones muy precisas.

Indicó que en los medios públicos, en su mayoría permisionarios, se concentran en la promoción de la cultura como es el caso de Canal 22, Televisión de Yucatán, Televisión de Tabasco o alguna estación de radio del IMER o de Tlaxcala.