Empezaba el segundo trimestre de 2006, las madres notaron cambios en el comportamiento de sus hijos. Estando en casa, se aislaban o se portaban inusitadamente agresivos. Fue hasta que la prima de uno de los niños agredidos sexualmente se enteró cuando dio aviso a su tía. No era el único caso.

Así comenzó la odisea. Poco a poco se supo que en el grupo se había formado una especie de banda conformada por estudiantes de entre 8 y 9 años de edad, e imitaban las acciones violentas de otro menor que había sido rechazado de varios planteles y que encontró cupo en este centro educativo de tiempo completo -con horario de 8:00 a 16:00 hrs.

El acoso había rebasado los límites. En un recuento que hacen algunos de los padres de niños afectados, cualquier oportunidad de estar sin la vigilancia de los maestros era aprovechada. A las niñas además de tocarles pechos y vagina, las sometían a una ceremonia de iniciación que consistía en recostarlas en el escritorio y abrirles las piernas; a los niños les llegaron a introducir lápices en sus partes íntimas. "Quien se oponía terminaba golpeado", narran.

Problema añejo

Aunque esto venía sucediendo desde meses atrás, todo salió a relucir hasta ese momento. Decenas de padres exigieron a autoridades una explicación. Cuando la directora habló con ellos, les dijo que ya había notificado el caso a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y esperaba respuesta.

Llegaron supervisores escolares. Analizaron la problemática y se resolvió someter a padres y alumnos a terapias. El "líder de la banda" acudiría a la Clínica de la Conducta pero si no quería ir no sería obligado. No sería expulsado porque atentaría contra su derecho a la educación, tampoco se le separaría, en todo caso quienes quisieran podrían cambiarse.

Impotentes, algunos padres dejaron de llevar a sus hijos a clases. Con escritos de denuncia en la mano, se dirigieron a varias dependencias. Los documentos tienen acuse de recibo de Presidencia de la República, SEP, la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), la Procuraduría de Justicia y el DIF capitalinos, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Les pedían intervención y apoyo.

Padres insistentes

El pasado 27 de octubre, conforme al expediente 2006/2535/1/Q, la CNDH les informó que no se contaba con elementos de convicción de presuntas violaciones a derechos humanos y que las autoridades educativas habían realizado acciones para atender la problemática.

Sin embargo, como orientación, les sugirió que en caso de que el personal de la escuela no ajustara su conducta "presenten su queja ante el Órgano Interno de Control en la SEP, por ser la instancia competente para investigar y sancionar a -sus- servidores públicos". También aconsejó que fueran al DIF para recibir orientación social y jurídica.

Así lo hicieron. Las soluciones que les plantearon no les satisfacían porque, según les referían sus hijos, el acoso y las burlas continuaban. Para esa fecha, el grupo demandante se había reducido. Algunos padres sacaron a sus hijos de la escuela, otros no tenían tiempo para acudir a las dependencias -hubo quienes perdieron su trabajo por esta causa- además, según cuentan los padres agraviados las autoridades les pedían abandonar los reclamos por el prestigio causado a la escuela.

Pero los padres consideran que el peligro sigue y por eso continúan sus diligencias. Hace unos meses, conscientes de que el agresor es menor de edad y no es sujeto de derecho penal, decidieron presentar una denuncia ante la PGR contra quien resulte responsable por el delito de omisión. Mientras, siguen esperando una respuesta por parte de la SEP.

El silencio de la dependencia

Consultada sobre el caso, la directora María del Rosario Ramírez reconoció que se trata de una situación personal de un menor y que la SEP tiene toda la información del caso.

Aseguró que la escuela sigue trabajando normalmente. Dijo que el expediente del menor es de carácter confidencial y por tanto "no puedo presentarlo a nadie". No quiso abundar en el tema, sólo dijo que la coordinadora sectorial de Educación Primaria, Isaura Hernández, conoce del caso. Se buscó la postura de la dependencia federal, pero la secretaría no dio ninguna información al respecto.