Y admitió, además, que los acuerdos firmados con 25 empresas de radio y televisión para informar sobre los contratos para promocionar a los candidatos sólo se cumplieron parcialmente, porque estos compromisos tienen el carácter de voluntarios y no de obligatorios.

Dio a conocer que el IFE cuenta con más de 30 mil DVD, con 2 millones de horas de grabación, con las evidencias de que los partidos políticos pagaron 757 mil spots, de los cuales, de acuerdo con notificaciones de la institución a los partidos, 250 mil no fueron reportados inicialmente en los informes de campaña.

A partir de los reportes de gastos de campaña de los partidos políticos, el IFE detectó que alrededor de 70% (siete de cada 10 pesos) de estas erogaciones fueron para comprar tiempos en los medios electrónicos de comunicación, lo que representa 20% más respecto a los comicios presidenciales del año 2000, agregó Fernando Agíss Bitar, secretario técnico de la Comisión de Fiscalización.

El consejero Luis Carlos Ugalde y Fernando Agíss participaron en un foro organizado por EL UNIVERSAL, en el que los analistas políticos Lorenzo Córdova y Julio Juárez criticaron que no existan los mecanismos legales para sancionar la injerencia de empresas y funcionarios de gobiernos en los procesos electorales.

Y coincidieron que tanto esta participación de terceros como la obligación de los medios electrónicos para transparentar los gastos de los partidos en compra de espacios de publicidad deben ser parte de una reforma electoral que se analiza en el Congreso de la Unión.

En la debate, Ugalde Ramírez consideró que lo importante no es tanto el asunto de la fiscalización, sino el tema del alto costo de la democracia en México.

"Puesto de otra manera: en ningún sistema electoral se resuelve el costo de la democracia a través de la fiscalización, porque siempre habrá un mecanismo novedoso para poder ir evadiendo las disposiciones legales. La solución, creo, pasa por disminuir las causas estructurales del costo de las campañas políticas, y solucionando eso la fiscalización sólo será un instrumento para garantizar la legalidad", explicó el presidente del Instituto Federal Electoral.

Ugalde Ramírez comentó que la fiscalización no debe entenderse como un ejercicio de auditoría punitivo, cuyo propósito es simplemente detectar irregularidades para mostrarse como una autoridad firme. Busca más bien, agregó, proteger diversos bienes, entre éstos, la transparencia, la legalidad del financiamiento de los partidos políticos y la equidad, y que las sanciones presumibles sólo buscan "evitar que se repitan conductas indeseables".

El consejero presidente mencionó que corresponderá a los analistas verificar "si el sistema sancionatorio en materia electoral ha ido corrigiendo o no el comportamiento de los partidos políticos y candidatos".

Tras la elección presidencial del año 2000 y el correspondiente proceso de fiscalización de los gastos de campaña de los partidos y coaliciones, el IFE concluyó con la aplicación de las sanciones económicas más elevadas en la historia del país: mil millones de pesos de multa para el PRI, por el denominado caso Pemexgate; y mil 500 millones para el PAN y PVEM, por el caso Amigos de Fox.

"Teoría del beneficio"

En el foro, las autoridades electorales identificaron algunos rubros donde los partidos políticos podrían enfrentar problemas al finalizar este proceso de revisión de los informes de campaña.

Agíss Bitar comentó que, a pesar de la aprobación previa de los lineamientos de fiscalización, se detectó que algunos partidos no prorratearon correctamente el costo de los spots, sobre todo aquellos en los que aparentemente se promueve a los candidatos a diputados locales, federales o a senadores, y que finalmente se benefició a su abanderado presidencial.

Dijo que el IFE aplicará lo que denominó como "teoría del beneficio" y ejemplificó en el foro con varios casos a través de videograbaciones de promocionales partidistas, en los cuales algunos spots pagados por candidatos a legisladores serán cargados al 100% en los gastos de su abanderado presidencial.

El funcionario dejó entrever que esta situación podría representar un problema mayor para los partidos políticos frente a la preocupación que actualmente plantean los propios partidos políticos ante un enorme cúmulo de spots "no reportados".

Julio Juárez, investigador de tiempo completo de la UNAM, experto en anuncios y propaganda en medios de comunicación, preguntó al funcionario del IFE sobre cómo contabilizarían los ataques o promocionales pagados por candidatos de un partido para desacreditar a un oponente presidencial electoral: "¿En esta teoría, quién se beneficia de un ataque?".

Recordó que en otras naciones, así como en México, se registra ya el problema de lo que denominó "publicidad temática (pagada por particulares) o anuncios que buscan desacreditar a un candidato (durante una campaña electoral). En México, está el caso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuya sanción no está prevista en las facultades del IFE".

Lorenzo Córdova, ex funcionario del IFE e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, planteó la necesidad de saber cómo el IFE valoraría los promocionales pagados por empresas, y mencionó el caso del CCE y la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la intervención de terceras personas en los comicios presidenciales.

Agíss Bitar, quien asume la tarea operativa de la fiscalización, respondió que, en el caso de los spots de ataques, éstos se contabilizan directamente al beneficiario del mismo, es decir, precisó, si un spot es pagado por candidatos del PAN al Congreso de la Unión -reprodujo este video en el foro- y en el mensaje se desacredita al candidato presidencial del PRD, el costo de éste se adjudica al abanderado presidencial del PAN.

Mientras, en el caso de los promocionales pagados por una empresa, como fue el caso del CCE, el funcionario electoral dijo que éstos no se contabilizan en el proceso de fiscalización, pero que se resuelven en un proceso de queja diferente.

El presidente del IFE comentó que, independientemente del caso del CCE, hay otros que tienen que ver con la difusión de gremios a través de páginas de internet, en las que se justifica este tipo de promoción como parte de la defensa de los derechos de los trabajadores.

Tanto Lorenzo Córdova como Julio Juárez alertaron que el problema de la intervención de terceros, ya sean empresas o sindicatos, no es que se pronuncien en favor o en contra de candidatos, sino que lo hagan en los medios de comunicación, aspecto que la ley prohíbe.

Informes parciales de radio y tv

Por otra parte, el consejero presidente del IFE, a pregunta de los integrantes del foro, advirtió que las empresas de medios de comunicación afiliadas a la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y, por separado, con Televisa, sólo cumplieron parcialmente con el convenio de transparencia signado en octubre de 2005 y en enero de 2006.

Precisó: "En esta ocasión -para este proceso de fiscalización- recurrimos de manera complementaria y voluntaria, porque no están obligados, a estas empresas para que en un ejercicio de transparencia de los gastos de los partidos en medios electrónicos de comunicación. Cuando termine el ejercicio de la fiscalización daremos a conocer, también, un informe de cómo se cumplieron estos convenios. Yo diría que fueron cumplidos parcialmente".

Ugalde consideró que el tema de los medios de comunicación y su relación con los partidos en un proceso electoral deben ser un tema central para la reforma electoral en México.