En la Comisión Bicameral del Canal del Congreso de la Unión se ha complicado el procedimiento para nombrar el nuevo director del canal.

Según documento jurídico del Poder Legislativo, que analiza el proceso para la elección de dicho funcionario, Guadalupe Ferrer se encuentra en la lista final de 12 candidatos a pesar de haber reprobado el examen técnico que se realizó el pasado 10 de abril.

Su calificación fue de 59.38, lo que la descalificaría para estar en la lista final, de acuerdo con los términos de la convocatoria publicada en marzo por la comisión bicameral del Congreso.

El examen tuvo como propósito valorar entre los participantes el nivel de conocimiento y experiencia en el control y manejo de recursos humanos, materiales y financieros, así como sus habilidades gerenciales y conocimientos especializados en materia de producción.

Ferrer Andrade no consiguió ubicarse entre las mejores calificadas para ocupar la dirección del canal, por lo que infringiría la cláusula octava de la convocatoria, que establece que la elección del director del Canal se hará con base en los resultados de la evaluación técnica.

El documento jurídico del Poder Legislativo, una de cuyas copias tiene este diario, también reporta que esta situación ha provocado la inconformidad de los demás aspirantes, porque suponen que la presidencia de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso pretende manipular el proceso y favorecer a una de las participantes.

Hay también la presunción, consignada en el documento, de que Ferrer Andrade tuvo problemas administrativos en su anterior trabajo, en la dirección de un canal universitario.

El análisis jurídico hace mención de otro presunto caso irregular en el proceso para la elección del director del canal del Congreso, aunque éste desde la semana pasada fue dado a conocer por EL UNIVERSAL.

Se trata de un conflicto de interés (el diputado Antonio Díaz, presidente de la Comisión Bicameral lo ha negado) porque la secretaria técnica, Leticia Salas, también está en la lista final de candidatos. El documento advierte que hay candidatos dispuestos a ampararse en el caso de que no se corrijan las irregularidades.