México tiene 206 casos pendientes de resolver de desaparición forzada de personas, de un total de 377 registrados entre 1980 y 2001, informó Amérigo Incalcaterra, representante en el país de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).A esa cifra se suman otros 16 reportados por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desaparición forzada a las autoridades mexicanas entre 2000 y 2006, destacó el funcionario de la ONU.
Incalcaterra participó en el seminario "Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada", en el que lamentó la impunidad que rodea a este fenómeno en México y en el mundo.
En su exposición afirmó que la impunidad constituye un obstáculo para establecer con precisión el número de víctimas de este delito de lesa humanidad, aunque los informes del Grupo de Trabajo de la ONU son un indicador de la magnitud del problema, que no es exclusivo de un país o región del mundo, o de estados de guerra o paz.
Destacó que desde la creación de ese mecanismo de la ONU, en 1980, a la fecha, se han reportado más de 51 mil casos, y que tan sólo durante 2006 recibió más de 300 denuncias de desapariciones forzadas de 12 países, entre los que citó Colombia, Chile, México, Federación Rusa, Indonesia, Irán, Filipinas y Líbano.
Por su parte, Santiago Corcuera, especialista mexicano en el tema y presidente del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, exhortó al Poder Legislativo a armonizar la legislación interna con el derecho internacional, pues en el caso de México la definición de este delito no se ajusta a los estándares internacionales.
En entrevista al término de su intervención en el seminario, el especialista consideró como "una mala señal" la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), pues pese a todas sus deficiencias, era el único instrumento para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada "guerra sucia".
En el seminario, convocado para promover la ratificación de la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Desaparición forzada de Personas, participan también organizaciones de la sociedad civil y familiares de desaparecidos en México en las últimas tres décadas.
