E ntre enero y marzo de este año han sido asesinados 74 policías federales, estatales y municipales en el país a consecuencia del narcotráfico y la delincuencia organizada, informó el coordinador de la Subcomisión de Análisis Económico, Presupuesto y Fiscalización de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el perredista Francisco Santos.
Aseguró que aunque la cifra puede ser "menor", es riesgosa, por lo que consideró necesaria la inyección de mayores recursos para la compra de vehículos, armamento y chalecos antibalas.
"Los policías hoy en día están desprotegidos ante los sicarios del narcotráfico y la delincuencia organizada", dijo.
En un informe de su área se señala que en Nuevo León han sido ejecutados 15 policías; en Michoacán, 12; en Guerrero, 12 más; en Baja California, cinco; en Veracruz y Chihuahua se registraron seis en cada estado; en Tabasco, Aguascalientes y Chiapas se conoció el deceso de 12 policías, y en Morelos y en Quintana Roo seis uniformados más.
"Hay una guerra declarada contra los policías en el país", señaló el legislador.
Además, el perredista alertó sobre la necesidad de que el Legislativo junto con la Auditoría Superior de la Federación vigile al cien por ciento los recursos que se destinaron en el presupuesto de este año a la modernización de los equipos de las policías estatales y municipales, que ascendieron a 6 mil 200 millones de pesos.
"Una vez que se instaló esta subcomisión, vamos a vigilar que los recursos aprobados por la Cámara de Diputados sean destinados por todos los estados y municipios a mejorar las condiciones de trabajo de los policías estatales y municipales, que no existan desvíos de recursos por parte de los gobernadores y alcaldes", comentó.
Y es que, según datos de la Subcomisión de la Comisión de Seguridad Pública, hay presidentes municipales que usan los recursos para la compra de automóviles de uso particular o para terminar con obras públicas. Incluso, adelantó que estarán atentos de los reportes de Hacienda sobre el ejercicio presupuestal de los recursos para seguridad pública, a fin de detectar subejercicios.
