E s necesario legalizar en todo el país el aborto voluntario para que pueda ser practicado en las primeras 12 semanas de embarazo, propuso el senador perredista Pablo Gómez Álvarez.

Se requiere hacerlo para proteger la salud de las mujeres que decidan abortar y que no cuenten con los medios económicos para hacerlo bajo condiciones sanitarias adecuadas, dijo el legislador.

Aún cuando no hay estadísticas confiables, en el 2005 la Secretaría de Salud reportó que 3.2% de las muertes de mujeres se debieron a "ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal".

En 1995 el Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que se habían realizado 110 mil abortos ilegales, en contraste con el reporte que dieron organizaciones civiles, una cifra superior al medio millón de casos.

En este contexto, sin datos oficiales recientes sobre el problema, pero convencido de que la situación es grave, el senador Pablo Gómez planteó modificar los artículos 330, 331 y 332 del Código Penal Federal.

"El hecho de que el aborto voluntario sea considerado formalmente un delito ha encarecido los precios de su atención médica profesional y ha creado un mercado informal de servicios de aborto en lugares inadecuados y con personas de escasa capacidad", destacó el legislador en su iniciativa que presentó en la tribuna del Senado.

Según Gómez Álvarez, cualquiera puede ver en los diarios los anuncios de establecimientos en los que se lleva a cabo la interrupción voluntaria del embarazo y cualquiera sabe también que en muchos hospitales y clínicas del país se realizan abortos como algo frecuente y normal.

Sin duda, continuó, esta situación provoca muchas muertes cada año y una cantidad mucho mayor de daños en la salud, con frecuencia de carácter irreparable.

Para el perredista es fundamental reformar el código penal para proteger a las mujeres y garantizar que el aborto voluntario, durante las primeras doce semanas de embarazo, se lo realicen en espacios higiénicos atendidos por personal profesional y capaz.

Aún cuando está en favor de esta práctica, aclaró que habría que establecer y respetar lo que llamó "excusa de conciencia", para que ningún médico o paramédico sea obligado a realizar un aborto si el acto se contrapone a sus principios morales.