De manera adicional los ex funcionarios, entre los que destacan casos como el del ex fiscal del caso Colosio, Miguel Montes, quien estuvo en el cargo de ministro de la Corte menos de un año, también seguirán contando con un chofer, un ayudante, dos vehículos y tres teléfonos celulares.

Además de que tendrán derecho a solicitar el reembolso del dinero que gasten por concepto de alimentos en cualquier restaurante del país, a recibir atención personalizada en el aeropuerto de la ciudad de México o a contar con un seguro de gastos médicos mayores. Todo a cuenta del erario.

Dichos beneficios podrán cambiar y verse disminuidos si la Cámara de Diputados y los congresos estatales avalan la reforma constitucional que aprobó el Senado de la República el 13 de marzo, que establece límites y controles a los salarios y pensiones de los funcionarios públicos.

En total, para el rubro destinado a cubrir las prestaciones de retiro del presente año, la Suprema Corte de Justicia destinará en total 209 millones 726 mil pesos. En 2004 sólo consideró para este mismo rubro 133 millones de pesos.

Aumento por acuerdo de la Corte

La cantidad de recursos destinados para el pago de pensiones de los ministros de la SCJN aumentó durante el tiempo en que el ministro Mariano Azuela Güitrón asumió la presidencia de la Corte.

A raíz de las reformas constitucionales de diciembre de 1994, mediante las cuales se modificó la integración y estructura de la SCJN, 24 ministros que en ese momento integraban el alto tribunal fueron enviados a retiro y se sumaron a los 10 que se habían jubilado con anterioridad.

Como parte de dichas reformas se estableció que los 24 ministros que fueron mandados al retiro recibirían una pensión equivalente al sueldo mensual que percibían al momento de su salida.

Y, de manera paralela, también se estableció que los nuevos ministros que ingresaran a partir de 1995 tendrían derecho a jubilarse con 100% de su sueldo, durante los dos primeros años, y posteriormente les correspondería 80% del salario de los ministros en activo.

Con base en esta determinación, hasta el 1 de agosto de 2003 los ministros jubilados percibían una pensión mensual neta que iba de 65 mil 582 a 77 mil 88 pesos.

Después de esa fecha su suerte cambió. Azuela hizo suya una petición de ministros en retiro para que se les aumentara la pensión y se les igualara a la que se les otorgaría a quienes integraron la Corte a partir de 1995.

La propuesta de Azuela, registrada en el acuerdo 11/2003, prosperó y contó con la aprobación de la mayoría del pleno del alto tribunal. A partir de esa fecha las pensiones de los ministros jubilados adquirieron la dimensión que ahora tienen y aumentan cada que incrementa el sueldo de los actuales ministros.

El único que se opuso a ese aumento, por considerarlo "inconstitucional y peligroso", fue el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien ocupó la presidencia de la Corte antes que Azuela y quien durante su administración se negó de manera reiterada a aceptar las peticiones de aumento de los ex ministros.

Góngora Pimentel se manifestó en contra del Acuerdo del Pleno Número 11/2003 porque, aseguró, la Corte no tiene facultades para establecer el monto de las pensiones de los ministros jubilados.

"La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no otorga competencia en ningún numeral al Tribunal Pleno para establecer pensiones vitalicias a los ministros retirados o para igualar su monto a la percepción de los ministros en activo", afirmó.