Los 50 millones de pesos destinados a un programa de evaluación policiaca se administrarán mediante un fideicomiso encabezado por legisladores, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, asociaciones civiles y universidades, que tendrán el reto de convertir este primer intento en un banco de estadísticas nacional.

Layda Sansores, diputada de Convergencia, detalló que existe un acuerdo con Hacienda para administrar el dinero y no dejarlo totalmente en manos del gobierno federal, y así garantizar la pluralidad.

El banco de estadísticas pretende ser similar al de Estados Unidos (EU), principalmente con la influencia de un sistema de evaluación que determine qué programas sociales o económicos funcionan, o cuáles no.

En el caso de EU los sistemas de evaluación son prioritarios y fundamentales, incluso, para la integración del presupuesto público anual.

Paralelo a la implantación de este fideicomiso, se debate en la Cámara de Diputados una propuesta de Sansores para reglamentar estos recursos y establecerlos como una obligación en la ley.

"Si funciona bien, si logramos que pase la iniciativa y que las evaluaciones se hagan correctamente, estaríamos hablando de un presupuesto equivalente a 0.5 por ciento del total del gasto federal", dijo.

En entrevista, la legisladora adelantó la visita de seis investigadores de la Universidad de Berkeley, quienes se reunirán con las comisiones de Hacienda, unidas para el campo y seguridad pública.

El fideicomiso con 50 millones de pesos fue aprobado en el presupuesto de egresos en diciembre pasado.

Antes, el proyecto de evaluación a cuerpos policiacos ya había ganado un concurso en la universidad de Berkeley, entre 50 proyectos para apoyarlos académicamente y lograr su sustento, con base en los logros del buró de estadística en EU.

Sansores celebró que de parte de la Secretaría de Hacienda haya toda la disponibilidad para avanzar en el proyecto de evaluaciones.

"Vamos por evaluaciones sistemáticas", amplió la diputada.

Además, detalló que las evaluaciones estarán a cargo de las universidades o centros de estudios que compitan, y las cuales serán turnadas cada seis meses, para evitar conflictos de interés.

"No le daremos la responsabilidad a empresas o asociaciones vinculadas a algún partido político, tampoco a aquellas a las que se les identifica con algún cliente en específico, quienes hagan las evaluaciones deberían demostrar pluralidad", precisó.