La nueva propuesta de Ley del ISSSTE será dictaminada en fast track a fin de que la próxima semana sea aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para evitar las presiones de algunos sindicatos, de acuerdo con el trámite legislativo otorgado a la iniciativa.

La iniciativa que se presentó ayer en tribuna tiene ya una agenda establecida por la mayoría de diputados conformada por las bancadas de PAN (206), PRI (106), PVEM (17) y Nueva Alianza (9), que harán quórum este viernes en comisiones unidas de Hacienda y de Seguridad Social a fin de dictaminarla de una vez, con el fin de impedir una reorganización de sectores que están en contra de la reforma.

Fuentes de la Junta de Coordinación Política confirmaron que funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acudieron a San Lázaro la noche del miércoles "para meter mano" en la reforma, la cual, aseguraron, fue elaborada en esa dependencia, y diputados como Samuel Aguilar (PRI) sólo sirvieron de parapeto para su presentación en tribuna.

Los diputados del PRD que integran los dos grupos de trabajo no asistirán a la sesión en protesta por el contenido de la propuesta que atenta, consideran, contra los derechos laborales y la garantía que tenían los burócratas de aspirar a una jubilación.

Al cierre de esta edición, el PRD sostenía una intensa discusión con los integrantes de las comisiones, ya que algunos diputados piden acudir a dar el debate, y otros más consideran perdida la votación, por lo que no quieren hacer "vacío" y no ser partícipes de esta nueva ley.

Previendo el escenario, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara, a cargo del panista Jorge Zermeño, envió primero la iniciativa a la Comisión de Hacienda, encabezada por el PRI y no a la de Seguridad Social en manos del PRD.

El lunes próximo los diputados que apoyan las reformas al ISSSTE e integran las comisiones que le atañen se reunirán con los senadores de los grupos de Trabajo y de Hacienda para garantizar su apoyo y asegurarse que aprobarán la nueva ley, el jueves de la semana entrante.

Hasta ayer, en punto de las 10 de la mañana, el resto de los diputados federales conocieron la propuesta, después de semanas de que algunos protagonistas como Samuel Aguilar y Joel Ayala, del PRI, la tuvieron en sigilo y total hermetismo.

Para los priístas es claro que el apoyo de Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), se dio junto con el de Elba Esther Gordillo, cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aun cuando en la clase política se sabe que la relación entre los dos es mala.

Benjamín González Roaro, ex director del ISSSTE y diputado del PAN, negó que se trate de una privatización del instituto.

La iniciativa modifica el actual régimen de jubilaciones para convertirlo en uno de pensiones, vía afore pública con un piso mínimo que pasa de uno a dos salarios mínimos más las aportaciones vía cuotas.

Es decir, los burócratas que se incorporen a partir de la nueva ley no podrán aspirar a una jubilación correspondiente a su salario y años trabajados, sino que tendrán una cuenta individual en la que se abonarán sus cuotas, tal cual se hace en las afores privadas; en su retiro, los recursos ahorrados se entregarán proporcionalmente mes con mes, con una base de dos salarios mínimos al mes vigentes al momento del trámite, pero que hoy en día es de alrededor de 3 mil pesos mensuales.

Manuel Cárdenas, de Nueva Alianza, explicó que la Afore pública cobrará una comisión por administración del promedio de las comisiones privadas, siendo su techo la más alta y el piso la más baja, y estará administrada y vigilada por un consejo técnico integrado por burócratas, directivos del ISSSTE y funcionarios de Hacienda.

Actualmente, los trabajadores adscritos al ISSSTE se jubilan en proporción a los años trabajados con referencia mínima a la edad de 48 años para mujeres y 50 para hombres; la propuesta señala que esa edad se incrementará 10 años, paulatinamente hasta 2028, a partir del próximo año.

Miembros del STUNAM, UAM, el IMSS y del SNTE (disidencia) adelantaron que cerrarán tiendas del instituto.