El texto sobre lo que ocurrió en 2006 precisó que, si bien el gobierno "respetó en general y promovió los derechos humanos a nivel nacional", hubo "frecuentes instancias en las que elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente de la autoridad gubernamental".

De hecho, afirmó, agentes policiacos que actuaron "dentro y fuera de la línea del deber" dieron muerte a numerosas personas, amén de cometer actos de tortura, realizar detenciones arbitrarias y participar en algunos secuestros.

El reporte hizo mención también de los 123 asesinatos de policías registrados entre enero y noviembre de 2006, así como de los más de 2 mil asesinatos o ejecuciones vinculados con acciones criminales en el marco de enfrentamientos entre narcos.

El reporte citó directamente a la pandilla de los ex soldados de fuerzas especiales conocidos como zetas y la presencia de ex soldados guatemaltecos conocidos como kaibiles al servicio de grupos de narcotraficantes.

Al conocer el reporte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señaló que Estados Unidos tiene que hablar también de su propio récord negativo en materia de derechos humanos.

"Estamos complacidos que los reportes de países sobre las prácticas de derechos humanos 2006 del Departamento de Estado subrayan algunos de los serios problemas de derechos humanos en América Latina", dijo Geoff Thale, director de Programa de la WOLA (un centro de análisis y estudio con base en Washington).

"Esperamos que el presidente Bush aborde estos temas durante su próximo viaje a la región y le dé continuidad a sus comentarios con un compromiso para apoyar un cambio. Pero para tener credibilidad, el presidente también tendrá que abordar el profundamente imperfecto récord de derechos humanos internacionales de su propia administración, y los reportes bien documentados sobre abuso de detenidos, extradiciones extrajudiciales, prisiones secretas y tortura".

Recientemente Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno estadounidense en diversas partes del mundo como Irak o Guantánamo.

En su reporte el Departamento de Estado consignó que las agencias de seguridad pública en México registraron corrupción, ineficiencia y falta de trasparencia en el sistema judicial, que permitió el uso de tortura para obtener declaraciones que luego fueron aceptadas en juicios.

Afirmó que hubo corrupción en todos los niveles de gobierno, intimidación violenta contra periodistas, violencia doméstica contra mujeres, tráfico de personas y discriminación social y económica contra indígenas y tolerancia al trabajo infantil.

El reporte hizo mención especial sobre el conflicto en Oaxaca, donde por un lado la represión desatada por el gobierno estatal llevó a la muerte de 20 personas, incluso el videógrafo y activista estadounidense Brad Will, así como más de mil 200 quejas por violaciones a derechos humanos.

Destacó también las quejas por abusos contra derechos humanos en San Salvador Atenco y la tendencia de muchas familias particulares a negociar con secuestradores sin la intervención de la policía.

El texto recordó los problemas postelectorales y señaló que "probaron" las instituciones del país.

En cuanto a las dificultades que enfrentan los periodistas, se refirió al caso de la escritora Lydia Cacho, quien denunció la vinculación del empresario mexicano de origen libanés Kamel Nacif con el gobernador de Puebla, Mario Marín, en el marco de un escándalo desatado por una grabación sobre los presuntos vínculos de Nacif con un personaje envuelto en pederastia.

La aparición del reporte coincidió con la presencia de una delegación oaxaqueña en Washington para testificar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y demandar respeto a los derechos humanos y civiles en Oaxaca.

De acuerdo con las abogadas Jéssica Sánchez Maya, de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, y Aline Castellanos Jurado, del Consorcio por el Diálogo Parlamentario, el gobierno de Oaxaca criminaliza ahora tanto a las manifestaciones de disensión como a los activistas de derechos humanos. Ellas mismas están acusadas de delitos que podrían acarrearles cárcel.

El grupo buscará precisar las razones por las que la CIDH no ha enviado a Oaxaca la delegación que anunció en octubre pasado y reiterará pedidos por la instauración de "medidas cautelares" para protección a dirigentes.

El gobierno de México señaló que "los informes unilaterales, como es el caso del emitido por el Departamento de Estado, no contribuyen a la cooperación ni a crear un ambiente propicio para el mejoramiento de la observancia y promoción de los derechos humanos".