Fue "una medicina muy amarga", señaló en agosto de ese año la mesa directiva de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) respecto a este tema y con el cual se les quitaba la operación de autopistas a sus miembros más connotados: ICA, Tribasa y Grupo Mexicano de Desarrollo.

De acuerdo con documentos de la cámara constructora, el rescate carretero se debió a que los créditos que otorgaron los bancos, en manos del gobierno en ese entonces, fueron dados asumiendo riesgos excesivos.

"Estos bancos se capitalizaron después con recursos privados que condicionaron su aportación a la eliminación de la cartera de las carreteras, entre otras, por lo que se originó la operación conocida como rescate carretero", señala el organismo de los costructores en el documento 111 preguntas sobre concesiones de autopistas en México.

Pero hubo otras razones. De acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los concesionarios tuvieron que enfrentar incrementos inesperados en los costos por la crisis de 1995, lo que derivó en problemas de operación, mantenimiento y amortización de los créditos contratados con la banca para tal fin.

Todo este problema inició durante el proceso de privatización impulsado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Su gobierno decidió establecer un régimen de concesiones al sector privado, con lo que le adjudicó 52 autopistas que involucraron a casi 5 mil kilómetros de la red federal de carreteras.

En teoría, por su ubicación estratégica, éstas eran las más transitadas del país y por lo mismo, las más lucrativas. Esto nunca sucedió.

Para hacer frente a sus pagos a la banca, el gobierno federal decidió en 1997 rescatar a 23 de las 52 autopistas concesionadas mediante el pago de Pagarés de Indemnización de Carreteras.