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Cárceles: Impesable la rehabilitación

En México la reclusión preventiva es indebida, injusta y costosa; las prisiones son bodegas humanas, concluyenOpen Society Institutey el CIDAC
Domingo 25 de febrero de 2007 ALEJANDRO SUVERZA | El Universal

Un estudio del Open Society Institute, que dirige el multimillonario George Soros, concluyó que las cárceles en México son "bodegas de seres humanos donde la rehabilitación es impensable".

Asegura que todas las autoridades mexicanas se jactan del incremento de capturas y encarcelamientos para transmitir mediáticamente seguridad a la sociedad, con el objetivo principal de recuperar credibilidad en las instituciones, pero sin que les importe restringir el derecho de la libertad provisional bajo caución de miles de personas.

En el informe llamado Costos económicos y sociales de la prisión preventiva se asegura que de las 210 mil personas encarceladas en todo el país, 90 mil no han sido sentenciadas. "Son legalmente inocentes, porque hay presunción de que se es inocente hasta que no haya sentencia condenatoria", describe el estudio patrocinado por el Open Society Institute (OSI, por sus siglas en inglés) y elaborado por Guillermo Zepeda Leucona, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

El informe de la organización creada en 1993 para apoyar investigaciones y proyectos en más de 60 países concluye que en México la prisión preventiva es indebida, injusta y costosa.

"Está consumiendo demasiados recursos que serían determinantes en otras áreas prioritarias de la seguridad ciudadana y la justicia penal, como la prevención y el combate al crimen organizado. Ha sido utilizada irracional e indiscriminadamente y constituye uno de los pilares de una política criminal desesperada ante el desbordamiento de la autoridad por los fenómenos delictivos y por la demanda ciudadana en seguridad".

En el estudio se describe que en el sistema carcelario nacional cuesta 130 pesos mantener a cada uno de los 210 mil internos, que se traducen en 27 millones de pesos al día o 9.93 miles de millones de pesos anuales. En alimentar y vestir a los reclusos, entre los tres niveles de gobierno, se gastan 6.56 millones de pesos al día. "Con estos recursos se podrían cubrir más de cuatro años del programa para superar la pobreza en Oaxaca, uno de los estados más pobres del país", dice el investigador Guillermo Zepeda.

Mal uso de los recursos

El documento, que pronto será publicado en México y Estados Unidos, asegura que el mal uso de los recursos afecta principalmente a las autoridades que enfrentan altos índices delincuenciales y bajos niveles de aprobación derivados de sus políticas ineficaces. "Los desaciertos en materia de seguridad se deben a la falta de recursos para anticiparse y prevenir la actuación de los grupos criminales y a los escasos fondos para investigar y procesar eficazmente los ilícitos más graves".

Las prisiones mexicanas, dice, están a 130% de su capacidad, algunas con ocupación de más de 300%. "Se da el autogobierno por parte de las ´camarillas´ de reclusos que imponen y hacen cumplir sus reglas, corrupción de los agentes y hay falta de condiciones salubres para vivir".

El instituto revela que las tasas de homicidios y suicidios en los penales del país son entre ocho y nueve veces superiores a los registrados en la población en libertad.

Para el investigador mexicano Guillermo Zepeda Lecuona son varias las repercusiones que trae consigo el excesivo uso de la prisión preventiva en México: la saturación del sistema, exceso de trabajo en los órganos de justicia, los tribunales mexicanos reciben cientos de expedientes que reúnen miles de páginas, la agenda de audiencias permanece al tope y cuando alguna actuación se cancela o suspende pasan varias semanas para que sea reanudada.

"La necedad de capturar mecanográficamante las actuaciones provoca que las audiencias duren horas. Eso hace prácticamente imposible que el juez esté presente en las diligencias diarias. Los jueces delegan en sus secretarios y hasta en actuarios la función de presidir las audiencias".

Describe que el sistema mexicano de justicia funciona así: la presión de la sociedad que demanda resultados hace que la respuesta de las autoridades sea rápida y fácil pero injusta, costosa social y económicamente.

Las procuradurías toman como un criterio de eficiencia el que los agentes del Ministerio Público (MP) presenten una gran cantidad de consignaciones e imponen a los funcionarios cuotas de consignación. Los jueces son censurados por las procuradurías y por los medios de comunicación cuando se libera de responsabilidad a los inculpados. Los MP optan por consignar los casos, aunque no tengan suficientes indicios para hacerlo; incluso realizan varias consignaciones por los mismos hechos, una por robo y otra por uso de arma prohibida.

"Los jueces tiemblan antes de liberar al inculpado y prefieren que durante el proceso se esclarezcan los hechos, pero cada año 40 mil personas son liberadas por falta de pruebas", dice Zepeda Lecuona.

El proyecto -trabajado dentro del programa de la Justice Initiative de la OSI, que busca concientizar a los ciudadanos sobre el abuso de la prisión preventiva- argumenta que en 2005 la Federación y los gobiernos de los estados mexicanos dedicaron un presupuesto aproximado de 12.2 miles de millones de pesos a sus dependencias encargadas de la readaptación social y de la operación y mantenimiento de reclusorios (455 en todo el país), 1.7% del presupuesto total.

Guillermo Zepeda dice: "Es apremiante en México una reforma institucional y procesal que permita transferir los recursos que actualmente se dedican a la persecución y sanción severa, y costosa, para los casos fáciles, a mejorar la capacidad de respuesta frente a los delitos graves en la que los inculpados cuentan con defensas legales sólidas.

"Mientras se mantenga esa política criminal extraviada, son pocas las posibilidades de que se reviertan los indicadores delictivos de los crímenes más graves y que la tranquilidad y la paz regresen a las familias mexicanas, pues aunque las prisiones estén saturadas, la incidencia delictiva no se reduce y, pese a todo, la sociedad sigue percibiendo un entorno de inseguridad".



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