En entrevistas por separado, ambos calificaron de positivo el proyecto de despenalización de estos dos ilícitos, que se debate en el Senado de la República, y confiaron en que finalmente sea aprobado.

Christian Zínser, quien representó legalmente a la periodista Olga Wornat en el juicio civil por daño moral que entabló en su contra la esposa del ex presidente Vicente Fox Quesada, Marta Sahagún, consideró que es un gran paso que la reforma plantee despenalizar estas dos conductas inicialmente para el caso de periodistas.

"Me parece que en principio es una buena medida, aunque debería hacerse de forma completa, pero el hecho de que se haga únicamente para periodistas es un gran paso, porque son los más expuestos a ese tipo de acusaciones", dijo.

Zínser explicó que el proyecto forma parte de una tendencia modernizadora que se está dando en todo el mundo, en el sentido de que el ejercicio de la libertad de expresión no puede considerarse un delito, porque esto conlleva una pena privativa de la libertad, al contrario de una demanda civil, que en el peor de los casos se resuelve con una sanción económica.

Zínser consideró que la despenalización parcial sí implica riesgos para el resto de los ciudadanos de ser sujetos de un proceso penal, pero destacó que el número de particulares que incurren en esa conducta es muy reducido.

Por su parte, Xavier Olea, quien defendió a la periodista Lydia Cacho en la denuncia por difamación que entabló en su contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, afirmó que la despenalización debe ser total tanto en el ámbito federal como en las legislaciones locales, como ya se hizo en el Distrito Federal.

En el caso de los periodistas, dijo, la norma que debe regir es el artículo sexto constitucional, y que prevé la posibilidad de reparación del daño moral causado por una publicación, por la misma vía, es decir, publicando en el mismo espacio y con la misma importancia la aclaración correspondiente.

También está, dijo, la vía civil, que implica el pago de una suma de dinero al afectado, previa sentencia de un juez, pero nunca una acusación penal, porque esto da pretexto a quienes ejercen el poder a emplear todo el aparato del Estado para perseguir principalmente a los periodistas que les son incómodos.