Pero antes de emitir esta decisión, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, hizo "un reproche enérgico a quienes, ostentándose como integrantes del pueblo de San Salvador Atenco, han lanzado amenazas en contra de uno de los señores ministros de este alto Tribunal, conminándolo para que cambie el sentido de su voto".

Sin mencionar el nombre del ministro amenazado, Ortiz también calificó de inadmisible que mediante manifestaciones, como la que realizaban en ese momento pobladores de Atenco a las puertas de la Corte, se les pidiera un fallo en determinado sentido.

Los integrantes de la Corte, advirtió, "sólo obedecemos al mandato de la Constitución y de la ley, sin hacer caso de presiones, amenazas, ni exigencias indebidas".

La solicitud de que la SCJN interviniera en este asunto fue presentada el año pasado por habitantes de Atenco y por integrantes de varias organizaciones, agrupadas en lo que han autodenominado el Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra.

Pero como carecían de atribuciones para que su solicitud fuera revisada por la Corte, el ministro Góngora Pimentel hizo suya su petición, porque, según ha dicho, su conciencia no le dio otra alternativa.

La solicitud de Góngora se le turnó para su análisis al ministro Sergio Aguirre, quien le propuso al pleno de la Corte no intervenir en este caso, entre otros motivos porque los hechos ya habían sido investigados y estaban siendo sancionados por autoridades federales y estatales.

Las propuestas de Góngora y Aguirre dividieron la opinión de sus compañeros de la Corte, pero al final los votos del ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y de la ministra Margarita Luna Ramos, fueron los que definieron de qué lado se inclinaría la balanza.

Ortiz Mayagoitia dejó atrás su tendencia a rechazar las solicitudes para que la Corte investigue violaciones a las garantías individuales y se expresó en favor de indagar los enfrentamientos en Atenco.

Y la ministra Margarita Luna Ramos cambió la postura que había fijado el jueves pasado, cuando se manifestó en contra de que la Corte interviniera en este asunto.

Pero no fueron los argumentos del ministro Góngora los que los hicieron cambiar de opinión, sino los que emitió su compañero José Fernando Franco González Salas.

A los votos de Góngora, Ortiz, Luna y Franco, para investigar el caso Atenco, se sumaron los de los ministros Juan Silva Meza, Olga Sánchez Córdero y José Ramón Cossío.

Del otro lado, en contra de que se efectuara una investigación, se pronunciaron Sergio Aguirre, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón y Sergio Valls Hernández.

Sobre el asunto, ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que dará audiencia el próximo mes para conocer de los presuntos abusos de que fueron víctimas habitantes de Atenco.

(Con información de Claudia Bolaños)