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Desde hoy, violencia patrimonial y feminicidio se consideran delitos

Los MP podrán ordenar protección para las víctimas de violencia
Viernes 02 de febrero de 2007 Liliana Alcántara | El Universal

A partir de este viernes entra en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de la cual se faculta a los Ministerios Públicos para que otorguen órdenes de protección a las víctimas de agresiones cuando se ponga en riesgo su integridad física y emocional.

Algunas de esas órdenes serán la desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor y la prohibición a éste para que se acerque al domicilio, lugar de trabajo o de estudios de la víctima.

Una novedad en la ley es que se tipifica la "violencia feminicida" y la Secretaría de Gobernación podrá declarar una "alerta de violencia de género" cuando en un territorio determinado los delitos contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres "perturben la paz social".

También establece la creación de un Banco Nacional de Datos sobre Casos de Violencia contra la Mujer que tendrá que elaborar la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Equidad de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras, dijo que esta ley se enfrenta a un obstáculo porque se carece de presupuesto para llevar a cabo al menos esta última medida.

A su vez, la diputada panista y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, María Elena Álvarez, indicó que uno de los aspectos técnicos que deberán perfeccionarse en la ley es el relacionado con la forma como debe comprobarse la violencia, pues reconoció que las víctimas tienen dificultades para recabar las pruebas que son necesarias para iniciar un proceso judicial en contra del agresor.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se aprobó el 19 de diciembre pasado en el Senado de la República con 106 votos a favor y uno en contra, el del diputado panista Ricardo García Cervantes, quien argumentó que el artículo 22 de esta ley era contrario a la Constitución, pues otorga facultades a la Secretaría de Gobernación que competen sólo al Congreso.

La ley considera que los tipos de violencia contra la mujer son la física, emocional, económica y sexual, pero añade una más que no estaba incluida en ningún otro código penal y civil y que la llama violencia patrimonial. A esta la define como cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima.



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