El máximo tribunal confirmó que el eje de su investigación será el gobernador, pero dejó abierta la posibilidad de extender las investigaciones, si el caso lo amerita, hasta las redes de pederastia y pornografía infantil que denunció la periodista en su libro Los Demonios del Edén, y que fueron el motivo de las presuntas agresiones en su contra.

Por la relevancia del caso, y por el nivel de autoridades que pueden estar involucradas, el alto tribunal decidió designar a uno de sus integrantes para que dirija las investigaciones.

La responsabilidad recayó, por acuerdo unánime, en el ministro Juan Silva Meza, quien desde un principio impulsó la investigación contra el gobernador y pidió extenderla a las presuntas redes de pederastia y pornografía, protegidas, sino es que incluso alentadas, por funcionarios.

Silva Meza, único especialista en Derecho Penal de la Corte, contará con el apoyo de la magistrada Emma Meza Fonseca, quien tuvo a su cargo la primera parte de las indagatorias, y de los magistrados -con fama de "duros"- Sergio Eduardo Alvarado y Anastacio Enrique Escobar.

Tras el ´gober´

Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y trasladada a Puebla, en diciembre de 2005, con base en una orden de aprehensión que giró una jueza local de Puebla.

Se le acusaba del delito de difamación. Kamel Nacif, el empresario textilero al que había señalado Cacho en su libro como protector del pederasta Jean Succar Kuri, la había demandado. Pero, tras permanecer varias horas presa, salió libre bajo fianza.

Un mes más tarde, se difundieron públicamente una serie de llamadas telefónicas en las que el empresario Kamel Nacif le agradeció al gobernador Mario Marín su presunta intervención en la detención deCacho.

Como parte de las reacciones que generó la difusión de las llamadas telefónicas, las cámaras de Diputados y de Senadores le solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investigara en este caso la existencia de violaciones graves a las garantías fundamentales.

Después de una votación dividida, en abril de 2006, el máximo tribunal accedió a investigar el caso, con base en la facultad que le otorga el artículo 97 de la Constitución. Una atribución que sólo había empleado en dos ocasiones. La última había sido en relación con el caso de la matanza del vado de Aguas Blancas, en Guerrero.

Y para este fin creó una primera comisión de magistrados que no investigó al gobernador, porque consideraron que había impedimentos para usar la grabaciones de las conversaciones obtenidas de manera ilegal.

Con base en sus investigaciones, el ministro Guillermo Ortiz propuso cerrar el caso. Pero el 19 de septiembre de 2006, la mayoría de ministros se pronunció por ahondar en el caso.

Y ayer, finalmente, se acordó crear una nueva comisión para que extienda las investigaciones, como propuso el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, porque "se pueden obtener elementos indiciarios relativos a la participación del gobernador del estado de Puebla, en el asunto".

Por lo que uno de los objetivos, aseguró Gudiño Pelayo, será "verificar si el gobernador intervino en las decisiones de un Poder Judicial y de la actuación correspondiente del procurador de Justicia de la entidad, ya que hay elementos para investigarlo".