En esta nueva etapa en la que se encuentra la investigación sobre el caso Lydia Cacho, debe prestarse especial atención a dos aspectos: las líneas que habrán de seguirse en la investigación, en especial si debe entrar al tema de pederastia y pornografía infantil, y la nueva integración de la comisión que habrá de continuar con los trabajos de averiguación.

Es importante no confundir las líneas de investigación con el objetivo buscado a través de las mismas. Este último consiste en determinar con claridad si hubo violación grave de garantías individuales en perjuicio de la periodista Lydia Cacho. Aquellas son las actividades que tendrán que realizarse a efecto de obtener elementos que hagan cumplir con el objetivo trazado. Las líneas son presupuesto del objetivo, pero el objetivo es consecuencia de las líneas. Por eso probablemente se dijo en septiembre del año pasado que la investigación realizada por la primera comisión era insuficiente, pues con los elementos que se tenían seguramente no se comprobaría el objetivo fijado.

No debemos perder de vista las particularidades que rodean el objetivo de la investigación. El esclarecimiento de la violación grave de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho no se limitó en su momento a los derechos que podrían considerarse como referidos estrictamente a su persona, esto es, libertad de expresión, libertad de tránsito, detención con respeto a las formalidades esenciales y libertad de prensa, sino que se amplió de manera tal que lo grave de la violación se hizo consistir, más bien, en el actuar de autoridades locales encaminado a romper los principios del federalismo, de la división de poderes o de la estructura democrática.

Tal amplitud de objetivo trasciende ineludiblemente a las líneas de investigación. De esta manera, no es lejano suponer que en el acopio de elementos se encontrarán algunos relacionados con las redes de pederastia o con la pornografía infantil y que con ellos se llegue a demostrar la acción concertada de las autoridades locales rompedora de los principios constitucionales. Eso no significa, desde luego, que el objetivo de la comisión deba consistir en averiguar todo lo relacionado con estos temas que laceran nuestra sociedad, pero sí quiere decir que el actuar conjunto de las autoridades puede surgir precisamente en este ámbito.

Por ello, lo que tendría que hacer nuestro más alto tribunal, en caso de allegarse de elementos en este tema, es canalizarlos a las instancias de procuración correspondientes, a efecto de que los tomen en consideración en las averiguaciones que al respecto están realizando, y que constituyen el objetivo principal en las investigaciones que realizan. Con esto muy probablemente la opinión pública estará más al pendiente del correcto actuar de las instancias procuradoras.

No cabe duda que habrá de integrarse una nueva comisión para que averigüe nuevos hechos y aporte más elementos a fin de contar con una investigación suficiente que posibilite el cumplimiento del objetivo previsto.

Lo más conveniente debería ser que en esta nueva comisión intervengan uno o dos ministros de la Suprema Corte de Justicia (recuérdese el caso de Aguas Blancas), en el entendido que las actividades a desarrollar, de acuerdo con las líneas de investigación trazadas, son de la mayor importancia y trascendencia, sobre todo al momento de fijar la gravedad de la violación y las consecuencias que la rendición del informe provocará.

Esta ineludible participación de uno o dos ministros de la Suprema Corte incide en el actuar cotidiano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se distraen sus actividades jurisdiccionales, tanto en pleno como en sala. Por tanto, si la Suprema Corte de Justicia es un tribunal constitucional, y en eso estamos de acuerdo, habría que preguntarnos si debería fortalecer más las facultades de supremo intérprete constitucional en lugar de hacerlo con aquellas facultades que acentúan más su carácter de árbitro político en un caso que antes o después, aunque por otra vía, acabará por conocer en el fondo.

*Director de la ´Revista Mexicana de Derecho Constitucional´

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