Los sueldos de los servidores públicos en el país no están regulados y "llegan a establecerse para sí de manera abusiva", reconoció el presidente Felipe Calderón, por lo que propuso una reforma constitucional para que el Congreso tenga la facultad de crear una ley que homologue los salarios de los integrantes de los tres poderes de la Unión, así como de los gobiernos estatales y municipales.

El abuso salarial deriva de la falta de regulación y principios éticos, y porque no hay transparencia. Al citar al presidente Benito Juárez, dijo que los funcionarios públicos "no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le haya señalado".

"El sueldo debe permitir vivir con decoro, pero los recursos públicos no deben ser botín de nadie. Se acabaron los tiempos en los que la meta era enriquecerse a costa del presupuesto", dijo el mandatario.

Calderón propuso ayer al Congreso la modificación de los artículos 73 fracción XI y 127 de la Carta Magna en los que se indica que ningún funcionario ganará más que el Presidente, y que los sueldos serán definidos cada año mediante el análisis que hagan "órganos colegiados integrados por servidores públicos y expertos independientes".

La propuesta para regular los sueldos incluye a los empleados de los órganos autónomos como el IFE, la CNDH y el INEGI, además de los tribunales agrarios.

El camino que corre la propuesta de reforma constitucional es el siguiente: fue enviada a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo sea turnada al Senado. Al no haber sesiones ordinarias será recibida en la Comisión Permanente del Congreso y de ahí pasará a comisiones.

Más tarde se analizará, debatirá y en su caso modificará. Como último paso se turnará al pleno para ser aprobada con dos terceras partes.

Además, la reforma deberá ser turnada a todos los congresos locales en los estados para que sea avalada por la mitad más uno de las respectivas legislaturas, y de aprobarse, reformar sus propias constituciones.

En virtud de que el Senado tiene un dictamen sobre el mismo tema, el Congreso podría elaborar un solo proyecto de reforma constitucional.

El mandatario, acompañado por los secretarios de Hacienda, Gobernación y de la Función Pública, leyó un mensaje en la residencia oficial de Los Pinos en el que precisa que con la propuesta buscará que el Congreso tenga la facultad de legislar en materia de sueldos de los funcionarios.

"El día de hoy (martes) presentaré una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a emitir una ley que establezca las bases para fijar y controlar las remuneraciones de todos los servidores públicos del país".

Actualmente, los salarios de los servidores públicos se determinan mediante el Manual de percepciones de la Administración Pública Federal, y se basan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Modificaciones

Aunque Calderón firmó la propuesta de reforma constitucional, ésta fue anunciada de manera oficial como "iniciativa de Ley de Remuneraciones".

Las modificaciones a la Constitución consideran el que ningún funcionario ganará más que el Presidente, y que ningún servidor público podrá recibir un sueldo mayor al establecida para su superior jerárquico.

Además, los montos mínimos y máximos de remuneraciones serán determinados anualmente en los Presupuestos de Egresos y se deberá especificar y diferenciar la totalidad de las contraprestaciones, tanto en efectivo como en especie. Los tabuladores serán públicos.

Para definir el monto de los sueldos, la propuesta indica que serán "órganos colegiados integrados por servidores públicos y expertos independientes" quienes lo definirán.

Calderón sostuvo que esos comités deberán tomar en cuenta los recursos públicos disponibles, las condiciones de vida de la población, los resultados obtenidos en la gestión y las circunstancias que prevalezcan en el mercado laboral de la localidad de que se trate y del país en general.

Calificó como "inadmisible" que existan funcionarios "con grandes salarios en regiones con enormes rezagos". Agregó que espera que la iniciativa pueda entrar en vigor en el próximo ejercicio fiscal.