BOGOTÁ.- "Prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos"; bajo este grito de guerra el extinto capo Pablo Escobar lideró un grupo de mafiosos autodenominados Los extraditables . A pesar de la violencia desatada durante una década para impedir ser juzgados en Estados Unidos, los tres líderes de la organización sufrieron amargos destinos: Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano , fue abatido en 1989; Pablo Escobar corrió la misma suerte en 1993, y Fabio Ochoa cumple ahora una condena en Estados Unidos. Colombia y el país del norte firmaron un tratado de extradición en 1979 que empezó a regir al año siguiente. Y fue más el miedo a la extradición que la puesta en práctica de la ley, lo que desencadenó un periodo de violencia sin precedentes.
Antes de que ningún colombiano hubiera sido enviado a EU, Los extraditables ya se habían organizado para desatar una guerra. Los asesinatos selectivos sesgaron la vida de 40 jueces y 550 policías, los atentados se llevaron por delante a 200 personas y se contabilizan los muertos en al menos 5 mil.
El hecho que se recuerda con mayor horror fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Se comprobó, 25 años después, que Escobar financió parte de la operación de la guerrilla con la condición de que todos los expedientes de Los Extraditables fueran destruidos y los jueces que apoyaban la medida, asesinados. Junto con los magistrados murieron un centenar de personas.
Aun así, fue tanta la presión sobre las instituciones colombianas, no sólo por la violencia sino también por la corrupción, que el tratado de extradición estuvo en un entredicho legal durante tres legislaturas. Los presidentes Turbay y Betancur, que gobernaron entre 1978 y 1986, no derogaron la extradición pero tampoco la pusieron en práctica. El gobierno se paralizó en ese sentido hasta que en 1984 Pablo Escobar asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara, que apoyaba la extradición. Este hecho, sumado a la toma del Palacio de Justicia, llevó al presidente Betancur a firmar la extradición de Carlos Ledher. Sin embargo, fue el siguiente presidente, Virgilio Barco, el que tuvo que enviar físicamente a Ledher a EU en 1987, para, unos meses después, derogar el tratado de extradición.
Esta medida no frenó la violencia pues los crímenes relacionados con narcotráfico subieron 77% entre 1988 y 1989, hasta que por fin Escobar consiguió que la extradición se prohibiera en la Constitución de 1991 y se entregó a la justicia.
A través de una reforma el Congreso colombiano revivió la extradición en 1997 pero tuvieron que pasar dos legislaturas hasta que un presidente hiciera uso de la norma. Desde que Álvaro Uribe subió al poder en 2002 ha extraditado a más de 450 colombianos, la mayoría a Estados Unidos, sin acto de violencia alguno. Muchos lo ven como el precio que debe pagar por recibir 600 mdd anuales en ayudas de EU.
