La Secretaría de Gobernación cuenta, desde ayer, con el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para seguir otorgando permisos por 25 años -a particulares y empresas- para que puedan operar casas de apuestas y salas de sorteos de números, conocidas como books y bingos, respectivamente.

Con esta decisión, después de cuatro sesiones de discusiones y de una serie de votaciones unánimes y divididas, el alto tribunal respaldó en su totalidad el reglamento que emitió en 2004 el entonces presidente Vicente Fox, para regular este tipo de juegos y espectáculos.

Porque, incluso, ayer mismo el pleno revirtió la decisión que había adoptado la semana pasada para declarar inconstitucional el juego de naipes con apuestas en ferias regionales, por ocho votos contra dos.

Una revisión de última hora impulsada por la ministra Margarita Luna Ramos, el cambio de opinión de dos ministros y la ausencia de su compañero Mariano Azuela, quien está de vacaciones, hicieron posible que se mantenga el juego de naipes con apuestas en ferias regionales.

Al final, la votación sobre este tema quedó seis contra cuatro. La mayoría siguió pronunciándose por la inconstitucionalidad de este punto. Pero se requerían de ocho votos para declarar la nulidad.

El resultado de esta decisión fue que quedó intocada la facultad que se le dio a Gobernación para otorgar permisos para llevar a cabo juegos de naipes con apuestas en ferias.

Así, la Corte respaldó en su totalidad el reglamento que le permite a dependencia autorizar la instalación de casas y salas de apuestas de books, bingos, permitir sorteos instantáneos conocidos como raspaditos y "lotería instantánea".

Además de aprobar las apuestas en carreras de caballos, peleas de gallos y juego de dados en ferias regionales; así como las apuestas en hipódromos, galgódromos y frontones.

En las dos últimas semanas, la Corte fue declarando, uno a uno, infundados la mayoría de argumentos que presentó la Cámara de Diputados en el juicio de controversia constitucional mediante el cual pretendía que el alto tribunal anulara el reglamento implementado por el presidente Fox, por considerarlo inconstitucional.

Pero, tras revisar la ley en cuestión, la Corte concluyó que, en general, el Ejecutivo se apegó a lo que dice ésta a la hora de emitir su reglamento. Es decir, no aprobó más que lo que le permite la ley, que data de 1947.

Para llegar a esta determinación, los ministros de la SCJN partieron de la base de que la Secretaría de Gobernación sólo puede otorgar permisos para los juegos y sorteos con apuestas que están permitidos en la ley. Y Fox se apegó a lo que dice la ley.

De momento, el fallo de la Corte representa una derrota jurídica para la Cámara de Diputados.

Pero si los legisladores quieren cambiar la ley, pueden hacerlo.

La Constitución les otorga facultades para decidir qué juegos y sorteos con apuestas pueden realizarse en el territorio nacional.