"Es una decisión soberana y unilateral del gobierno de México, basado en diversas consideraciones", afirmó el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, en la residencia oficial de Los Pinos.

Los presuntos narcotraficantes fueron extraditados para dar una señal de firmeza y contundencia en el combate al crimen organizado, romper el liderazgo operativo que mantenían con sus organizaciones y coad yuvar en la seguridad y gobernabilidad de los penales federales y locales donde estaban presos, explicó en conferencia de prensa.

"Esta acción ha sido tomada con plena determinación en el ánimo de asegurar la tranquilidad de los mexicanos y evitar que estas personas y organizaciones continúen lesionando la salud, seguridad y certidumbre de los mexicanos", sostuvo.

El funcionario participó en la conferencia de prensa en la que el gabinete de seguridad presentó los resultados de los operativos contra el crimen organizado, que se aplican desde diciembre pasado en Michoacán, Tijuana, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Medina Mora precisó que, en todos los casos, los extraditados habían agotado los recursos legales del juicio de amparo contra su entrega al gobierno estadounidense, y que ésta es la única condición que debe cumplir el gobierno mexicano para extraditar a un connacional.

En enero de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para la extradición de mexicanos solicitados por la justicia estadounidense, en especial los acusados de narcotráfico, al fijar como única limitante para su entrega la no aplicación de la pena de muerte.

El máximo tribunal confirmó entonces el criterio, dictado en 2004, de que la cadena perpetua no constituye una pena "inusitada ni trascendental" y estableció por tanto que un ciudadano mexicano puede ser entregado a Estados Unidos aun cuando pueda ser sujeto a la prisión vitalicia.

Medina Mora reconoció que algunos de los extraditados tienen procesos penales en curso, por lo que se informará de su nueva situación a los juzgados responsables para que tomen la determinación que corresponda.

Una de las opciones, explicó, es que los juicios continúen desarrollándose y las audiencias de los extraditados se desahoguen mediante videoconferencias.

El funcionario descartó que las extradiciones generen reacciones violentas de los grupos del crimen organizado a los que pertenecen, y dijo que aun cuando se den ajustes en sus estructuras, no se espera una respuesta como la registrada en Colombia cuando comenzaron las extradiciones de capos del narcotráfico.

Precisó que durante 2006 fueron extraditados 63 integrantes de la delincuencia organizada, principalmente a Estados Unidos, y que en este año van 17 extradiciones, sin que se hayan registrado represalias por este motivo.