A casi un año de que el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca Hernández emitiera las reglas para la entrega de estos estímulos -que incluyen protección para los informantes y sus familiares, en caso de riesgo-, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) no ha entregado alguna recompensa, pese a las campañas de difusión en carteles en las que ha ofrecido estos estímulos para quien proporcione informes que ayuden a detener a los narcotraficantes y secuestradores más buscados en el país.

El mes pasado, la PGR reactivó su programa de recompensas y ofreció estímulos económicos para quienes ofrezcan datos que permitan la captura de nueve narcotraficantes del más alto nivel de los cárteles de Sinaloa y del Golfo.

Esta oferta de dinero a cambio de información se hizo pública luego de que el 11 de diciembre de 2006 el gobierno federal puso en marcha la Operación Conjunta Michoacán, que representa un combate frontal a estas organizaciones criminales.

Al solicitar a la PGR un informe sobre las recompensas que ha entregado a cambio de la detención de un integrante del crimen organizado, la Unidad de Enlace de la institución reconoció que la SIEDO "no cuenta con ningún caso hasta la fecha".

El 30 de enero de 2006 entró en vigor el acuerdo A/015/06, que emitió el entonces titular de la dependencia, en el que se facultó a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la PGR a ofrecer y entregar recompensas a los ciudadanos "que auxilien eficientemente otorgando información sobre investigaciones que realiza la institución, o bien, a quienes colaboren en la localización o detención de personas en contra de las cuales exista orden de aprehensión".

Entre las reglas de este programa destaca que sólo se podrán ofrecer recompensas en casos de delitos graves, y el informante deberá presentarse personalmente con las autoridades, entregar una identificación oficial y aceptar que su entrevista se asiente por escrito, se grabe y se filme.

Este hecho, de acuerdo con algunas autoridades de la dependencia consultadas, es posible que haya desalentado a algunos ciudadanos a ofrecer información que permita la captura de delincuentes de alto nivel, pese a que se garantiza la confidencialidad en torno a su identidad y el manejo de los datos que proporcione, que es clasificado como reservado.

Además, el acuerdo señala que "el pago de la recompensa estará supeditado a que con la información proporcionada, efectivamente se haya localizado y detenido a la o las personas respecto de las cuales se haya girado orden de aprehensión".

Sin embargo, hasta la fecha no se ha aplicado este esquema de recompensas, pese a que está vigente el ofrecimiento de un pago económico para quien colabore en la ubicación de narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, y Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, jefe del cártel del Golfo.

La lista de recompensas que ofrece la PGR incluye a operadores del cártel de Sinaloa como Ignacio Coronel Villarreal, Marcos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, además de Heriberto Lazcano Lazcano, jefe del grupo de sicarios conocido como Los Zetas, del cártel del Golfo.

Aunque la PGR nunca ha dado a conocer los montos de dinero que ofrece por la información proporcionada, fuentes de la misma dependencia aseguran que en el caso de que un capo o cabeza de cártel fuera detenido, se podría pagar al informante hasta un millón de pesos (poco más de 90 mil dólares), además de brindarle protección y garantías de seguridad.

En Estados Unidos, la Agencia Antidrogas (DEA) ofrece hasta 5 millones de dólares por capos mexicanos como El Chapo Guzmán o Eduardo Arellano Félix.