D esde el inicio de su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz fue cuestionado por sus nexos con poderosos grupos empresariales dentro y fuera del país.

Formal en su trato, Gil Díaz siempre se caracterizó por ser un hombre de pocas palabras, discreto y poco amigable con la prensa. Difícilmente concedía entrevistas y nunca estuvo dispuesto a hacer declaraciones de "banqueta".

Aun así, su paso por el gobierno de Vicente Fox fue reconocido en México y el extranjero, ya que se encargó del diseño y operación de la política económica y el manejo financiero del país en medio de un entorno internacional desfavorable.

Mantuvo a raya la inflación, junto con Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México; logró que por primera vez en décadas, el gobierno federal alcanzara un equilibrio fiscal y las mejores calificaciones en riesgo país en el último tramo de la pasada administración.

También contribuyó para contener las tasas de interés, lograr rendimientos históricos en la Bolsa Mexicana de Valores y cerrar con un crecimiento de más de 4.5% en el PIB durante el 2006.

Sin embargo, su cercana relación con firmas financieras y económicas, y su participación, como subsecretario durante el rescate bancario que se dio en el sexenio de Ernesto Zedillo, le valió críticas constantes en el Congreso, por haber privilegiado, presuntamente, intereses privados por encima de los públicos.

Su designación, al arranque del gobierno foxista, generó controversia no sólo por su cercanía con el PRI, sino por su participación en la Junta de Gobierno del Fobaproa cuando era vicegobernador del Banco de México.

De igual forma, su paso por la dirigencia de la empresa telefónica Avantel -unos meses antes de asumir el cargo en el gabinete de Fox- estuvo envuelto en señalamientos de utilizar información privilegiada del gobierno federal para posicionar a esta empresa, cuyo principal accionista era Roberto Hernández, ex propietario de Banamex.

Egresado de la Universidad de Chicago -en la que también estudió el actual titular de Hacienda, Agustín Carstens-, Gil Díaz se mostró renuente a flexibilizar el déficit presupuestal para detonar un mayor crecimiento económico.

Al ex secretario de Hacienda le costó trabajo deslindarse de los grupos económicos y esto quedó de manifiesto en la venta de Banamex al consorcio estadounidense Citigroup, que pagó 12 mil 450 millones de dólares.

La operación fue también duramente criticada, entre otros motivos, porque esa institución formó parte del polémico Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa, que le inyectó recursos millonarios para recapitalizarla luego de la crisis de diciembre de 1994.

También porque en la compra-venta se usaron recursos legales para evitar que el grupo estadounidense pagara impuestos al gobierno mexicano, calculados en casi 3 mil 600 millones de dólares.

El caso ISOSA

La presunta participación de Gil Díaz como accionista de la empresa Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA) que prestaba servicios a distintas áreas del gobierno federal, abrió otro frente de confrontación, principalmente con legisladores federales de la oposición.

Esto luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -órgano dependiente de la Cámara de Diputados- detectó en la revisión de la cuenta pública correspondiente a los primeros cuatro años de la administración foxista, que ISOSA infligió un daño al erario por cerca de 10 mil millones de pesos por no enterar los Derechos de Trámite Aduanero a la Tesorería de la Federación.

Aunque en sus distintas comparecencias ante legisladores siempre negó su participación en el fideicomiso propietario de ISOSA, al término del sexenio salieron a la luz presuntas pruebas notariales que lo vinculaban a esta empresa.

No obstante, el 1 de septiembre del 2006, la Secretaría de la Función Pública determinó que no hubo irregularidades por omisión en el pago de impuestos de dicha empresa, con lo que Gil quedó prácticamente exonerado.

El ex funcionario también se enfrascó en un pleito con Televisión Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, como consecuencia de una investigación de la CNBV, en la que supuestamente el dueño de esta televisora y su socio Moisés Saba, hicieron uso de información privilegiada para fortalecer las acciones de la telefónica Unefon.

En abril del 2005, TV Azteca demandó a Gil Díaz ante la PGR por supuestas amenazas, tráfico de influencias, atentado contra la libertad de expresión y atentados contra la transparencia.