Subrayó que la solución del orden público no es suficiente, "en la medida que se vivió un conflicto de grandes magnitudes", por lo que, estableció, es indispensable "aplicarse sin más las leyes mexicanas y esclarecer asesinatos, resarcir a víctimas de violaciones a derechos humanos y castigar a culpables".

En entrevista con EL UNIVERSAL, el ciudadano vasco dejó claro que esta misión europea además documentará e incluirá en su informe final los excesos en que habría incurrido la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en agravio de la población oaxaqueña, "porque si no, no seríamos justos ni rigurosos".

Desde el 21 de diciembre, activistas pro derechos humanos de Francia, España, Italia y Alemania se desplegaron en territorio oaxaqueño para entrevistarse con todos los sectores involucrados en el conflicto social de la entidad. Han trabajado en dos etapas y la segunda concluirá el 18 de enero.

A la segunda etapa de esta misión internacional se ha sumado Global Exchange y concluirá cuando presenten a la sociedad y autoridades mexicanas un informe de su labor, el cual también se llevará al Parlamento Europeo y a los parlamentos de los países de la Unión Europea, según Iñaki García.

El activista detalló que la misión analizará cada uno de los homicidios, "todos ocurridos por violencia política", con el fin de determinar si se trata de asesinatos al haberse cometido con dolo. Dijo que Global Exchange analizará el caso Brad Will.

Explicó:

"Hablamos de homicidios porque son muerte de violencia, pero en caso de que se convirtieran en asesinato por tener dolo, evidentemente sería más grave; creemos que debe haber una solución justa al conflicto con la aplicación justa de la justicia. Nuestra preocupación es estudiar uno por uno; evidentemente el derecho a la vida es el más importante y se debe esclarecer."

Hizo notar que la comisión que encabeza ha iniciado reuniones con la procuradora y los secretarios de Gobierno y de Protección Ciudadana de Oaxaca, y que continuarán recabando testimonios de personas afectadas por las medidas policiales del gobierno federal y oaxaqueño, así como con sus familiares y los excarcelados relacionados con la APPO.

"Hemos señalado que, como el primer tema grave son los homicidios, tenemos contemplados como mínimo 17 casos, aunque el informe preliminar de la CNDH contempla 20; son la mayoría por violencia política, por bala, muertes todavía por aclarar, vemos que se han abierto algunos procesos, pero falta definir.

"En cuanto a denuncias, traslados, puesta a disposición, detención y puesta en libertad, pues todavía no queremos adelantarnos, pero hay irregularidades y denuncias importantes (de violaciones a los derechos humanos); queremos ser muy rigurosos y fundamentarlas con mucho proceso", indicó.

Confió en que los asesinatos y delitos cometidos durante el movimiento oaxaqueño no queden impunes. Estableció:

"Notamos mucha desconfianza de que los hechos puedan quedar impunes. Nosotros hemos de confiar en que no queden impunes, no sólo por nuestra presencia, porque sería arrogante de nuestra parte, pero para que la percepción de que el estado de derecho permanezca en México, pues sería una condición.

"Ante un conflicto de esta envergadura, que ha polarizado tanto, con tanta violencia, una solución que coinciden todos los actores es la aplicación real de la justicia. Puede estar solucionado el orden público, pero cuando es un conflicto de esta magnitud no es suficiente; debe aplicarse, sin más, las leyes."

El vocero de la misión puso énfasis en que la Comisión Civil Internacional no es juez y si hay algún delito provocado por una institución o persona las autoridades deben determinar. "Pero en violaciones a los derechos humanos, que es nuestro trabajo, contemplaremos todas las que podamos documentar; no sería justo ignorarlas o ponerlas al mismo nivel", concluyó.