En un punto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente del Congreso, los legisladores de todos los partidos se expresaron por que el Presidente de la República instruya a los secretarios de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al procurador federal del consumidor, para que establezcan mecanismos que estabilicen los precios de los granos en el país.

El incremento en el precio de la tortilla se hizo notorio esta semana, al llegar hasta 10 pesos por kilogramo en la ciudad de México y hasta 15 pesos en otras zonas del país. Hasta noviembre del año pasado se había mantenido en no más de siete pesos en la capital.

Los diputados y senadores pidieron que, mientras se establecen los precios de los granos, el gobierno aplique "mecanismos provisionales para evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo afecten la economía de los más necesitados y que las medidas que se tomen no afecten a los productores nacionales de maíz".

Del mismo modo, el punto de acuerdo pide "que se establezcan mecanismos que impidan el acaparamiento y las prácticas monopólicas en la cadena de producción, distribución y comercialización del maíz, la harina y la tortilla, que lucran con el desabasto y la gran demanda popular de estos productos".

En entrevistas por separado, los coordinadores de los diputados de PRI y PRD, Emilio Gamboa Patrón y Javier González Garza, así como el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, criticaron que el gobierno de Calderón inicie con incremento a productos de consumo básico para millones de mexicanos.

Gamboa dijo que el secretario de Economía, Eduardo Sojo, debiera "comer más tortilla, en vez de pan, para que se dé cuenta de que es el alimento fundamental del pueblo de México", y planteó que el gobierno pacte con los grandes industrializadores de tortilla para detener el incremento al precio de ese alimento y ponerle un tope, además de impulsar la siembra de maíz blanco en un mayor número de hectáreas.

También el diputado perredista González Garza dijo que debe impulsarse la producción nacional de maíz, en vez de optar por la importación, y en ese sentido alertó sobre el impacto que tendría para la soberanía alimentaria el depender de la compra de ese grano a Estados Unidos.

Al respecto, la Secretaría de Desarrolo Social dio marcha atrás a la estrategia iniciada el sexenio pasado de sustituir la importación de maíz para apoyar a los productores nacionales y determinó con sus similares de Economía y Agricultura acceder a la importación del grano, que se había dejado de adquirir a Estados Unidos.

La medida, argumentó la Sedesol, obedece a la escasez y los altos precios del maíz, por lo que, a través de su empresa Diconsa (responsable de abastecer a los mexicanos en pobreza), emprendió acciones para garantizar el abasto a ese sector de la población.

Sin señalar los precios que se cobrarán por kilo de maíz a los pobres, la Sedesol anunció que se dispondrá de más de 400 mil toneladas de maíz blanco en este año para beneficiar a más de 20 millones de connacionales que, hasta el año pasado, llegaron a pagar tres pesos por kilo de la semilla. (Con información de Guillermina Guillén)