Al fondo del Palacio Municipal un muchacho con sudadera gris y pantalón de mezclilla ordena una caja de botellas de Coca-Cola, mientras un niño que apenas camina lo sigue con la mirada. El mayor levanta el puño izquierdo y lo agita en señal de lucha; el pequeño hace lo mismo.

Aquí, a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca, desde hace cinco meses opera un gobierno impuesto por asamblea popular. Sin el reconocimiento del gobierno del estado, con 6 mil pesos mensuales se hace cargo de los servicios de limpieza, seguridad y agua.

Apoyo internacional

A lo largo de cinco meses han llegado activistas de Venezuela, Francia, España, Alemania, Canadá y Costa Rica para conocer el desarrollo del movimiento social y de su vinculación con la APPO, para constatar la situación de los derechos humanos y, algunos, ofrecer apoyo logístico.

Aquí la población está dividida. Algunos vecinos se indignan porque en cuatro escuelas los maestros presentan a los alumnos videos de la lucha magisterial y de las incursiones policiales del 2 y 25 de noviembre en la ciudad de Oaxaca. Censuran las mantas de apoyo a la APPO y a la sección 22. Otros la aprueban.

Autoorganización

Todo está sucio. No hay policías pero la gente se ha organizado para vigilar los 10 barrios de esta demarcación que alberga a unas 20 mil personas. estos oaxaqueños que intentan desarrollar su vida en paz, con normalidad, pero la noche es difícil.

En la entrada a la alcaldía hay un camión de basura que tienen pintadas consignas de apoyo a la APPO y la mitad del segundo piso del Palacio Municipal está cubierta por una manta de apoyo. Por las calles flota el fantasma de la confrontación.

El 7 de julio el alcalde José Coronel, surgido de las filas de Convergencia pero que luego se sumó al PRI, fue destituido en sesión de cabildo popular, narra el presidente municipal "popular" Miguel Vázquez Hernández, "y me eligieron a mí siendo regidor de Transporte", dice.

Es un hombre pequeño y pesado, de ojos chiquitos y bigote disparejo, moreno y de sonrisa franca. No se limita al hablar de los últimos meses de Zaachila. "El cabildo popular destituyó al antiguo presidente municipal por prepotente, represor, abuso de autoridad, desviación de recursos, nepotismo y agravantes que tenía con la ciudadanía. Por estas situaciones solicitamos la revocación de mandato; el 10 de julio solicitamos a la Cámara de Diputados del estado, pero hasta hoy no hay respuesta", dice.

Señala que José Coronel se llevó el equipo de cómputo; tiene bajo sus órdenes a los 16 policías municipales, tres camionetas de la policía y una ambulancia, así como el control de las partidas estatales que le envían al municipio desde el centro del estado.

El ayuntamiento popular tiene bajo su control el cobro de impuestos locales, como el mercado, la venta de leña, el tianguis semanal, y los "mototaxis", se obtienen 6 mil pesos para atender tres camiones compactadores de basura, dos camiones de volteo, tres pipas de agua, una camioneta desvencijada, y pagarle a 15 empleados.

"No tienen sueldo, sólo les damos compensaciones", ataja el gobernante popular. Ríe cuando se le pregunta si no tiene escolta. "No hay dinero ni para comer", suelta.

Por todo el pueblo hay pintas de apoyo a la APPO, no se siente la mano de los partidos políticos. Las calles tienen mantas que advierten sobre la organización de los vecinos contra la delincuencia... Pero toda la infraestructura municipal está descuidada, casi en el abandono.

El sol pega duro en el patio del edificio. En un pasillo se ven bolsas para dormir revueltas con latas de alimento y sopas instantáneas. Los que resguardan ven la llegada de los periodistas y recogen un poco. Se cae una hoja de papel que ha sido pintado de amarillo por el tiempo. Se lee:

"El poder emerge del pueblo, es del pueblo y para el pueblo, no a la imposición, fuera Ulises Ruiz de Oaxaca, viva el gobierno popular".

Tiene en la esquina superior derecha el logotipo de la APPO y del otro lado el de un rostro estilizado de Emiliano Zapata, en rojo, con un machete que blande de frente.

En Zaachila se juntan 100 personas que acuden a todas las marchas de apoyo a la APPO, siete de los detenidos el 25 de noviembre son de aquí, y aquí dicen los vecinos, "evitamos, todo el pueblo, que la policía se llevara de los salones a nuestros maestros".

Pero no todos están conformes con el gobierno popular. Algunos comerciantes se quejan de cobros excesivos de impuestos "inventados".