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Regresan a penales de Oaxaca a 91 presuntos miembros de la APPO

Reingresaron a 52 a Tlacolula y 39 a Miahuatlán; piden a CNDH intervenir
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Francisco Reséndiz
El Universal
Jueves 21 de diciembre de 2006

OAXACA.- Sin previo aviso, la Secretaría de Seguridad Pública federal trasladó a bordo de un avión de la Policía Federal Preventiva (PFP) a 91 personas, presuntas integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de Nayarit a los penales oaxaqueños de Tlacolula y Miahuatlán, ubicados en las periferias de esta capital.

Al menos un centenar de policías estatales fuertemente armados recibieron a las personas detenidas el pasado 25 de noviembre durante el último enfrentamiento entre integrantes del movimiento oaxaqueño y elementos de las policías Federal Preventiva y estatal oaxaqueña.

Los detenidos fueron divididos en dos grupos; 52 fueron reingresados a Tlacolula y 39 a Miahuatlán. Dos de los principales líderes, César Mateos y Jorge Luis Sosa, primo de Flavio Sosa, fueron trasladados por la tarde al penal de Cuicatlán.

Al filo de las 9:00 de la noche el equipo jurídico del Comité de Liberación 25 de noviembre -que dirige el intelectual oaxaqueño Francisco Toledo- pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su intervención para garantizar la integridad física de todos los detenidos.

Casi al mismo tiempo el gobierno oaxaqueño estableció que "responderá puntualmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el esclarecimiento de los hechos que considere violatorios de las garantías individuales, a fin de que se procuren y defiendan los derechos de los oaxaqueños, al tiempo que se haga valer la ley".

En un comunicado estableció que "dentro del marco de reconciliación al que ha llamado el gobernador Ulises Ruiz, llegaron a la entidad los 91 detenidos como respuesta a la solicitud de familiares de los detenidos. Ulises Ruiz Ortiz giró instrucciones para hacer los trámites correspondientes, una vez que el clima social en la capital oaxaqueña es de tranquilidad y se ha restablecido el orden.

"La medida permitirá que los inculpados enfrenten sus procesos penales en cárceles de la entidad, lo que se traducirá en que contarán con el apoyo cercano de sus familiares y al mismo tiempo tendrán un menor costo económico las visitas y su defensa", se apuntó en el documento.

Así pues, al mediodía las 91 personas fueron trasladadas del aeropuerto local a los dos penales a bordo de dos camiones de pasajeros de 40 plazas, dos camionetas panel y una tipo Suburban, rodeados por una docena de motociclistas y ocho camionetas pick-up con policías estatales que portaban armas de grueso calibre.

Durante el recorrido, la Policía Estatal videograbó a los periodistas que acompañaron el convoy. El operativo se hizó sin que a familiares ni abogados de los presos se les avisara del traslado.

Entrevistado momentos después de que ingresara el convoy al penal de Tlacolula, el director de Prevención y Readaptación Social del gobierno de Oaxaca, Hermilo Aquino, afirmó que los presos se encuentran en buenas condiciones, pero se negó a comentar sobre el trato que recibieron.

Por la noche el gobierno oaxaqueño emitió otro comunicado para responder a la CNDH:

"El gobierno del estado de Oaxaca reitera su compromiso con el respeto y la defensa de los derechos humanos, sin hacer distingo de credo, ideologías, opiniones públicas o condición social".



 

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