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Echeverría fraguó matanza del 68: resolución judicial

No puede escudarse en premisa de pretender "salvar al país", asegura
Martes 19 de diciembre de 2006 Francisco Gómez | El Universal

El ex presidente Luis Echeverría Álvarez fraguó, propuso y tuvo dominio de ejecución de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, sin que para ello actuara en cumplimiento de un deber o la salvaguarda del Estado por alguna conjura nacional o internacional, concluyó el Poder Judicial Federal en el fallo que ordenó iniciar el proceso penal por presunto genocidio contra al ex mandatario.

En la resolución del expediente judicial 344/2006, que por primera vez en la historia moderna de México ordenó enjuiciar a un ex presidente e iniciar un proceso por genocidio en el país, se consideró que Echeverría Álvarez, en su calidad de secretario de Gobernación del gabinete del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, planeó con éste y otros altos funcionaros destruir de manera total al "grupo nacional" que se formó con el movimiento estudiantil de 1968.

Contenido en un total de 920 fojas, el fallo emitido por el magistrado Ricardo Paredes Calderón, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, señala que no se puede invocar como justificación de la represión estudiantil 1968 "la necesidad de la salvaguarda del Estado en sí mismo, máxime que no hubo racionalidad ni proporcionalidad en la medida tomada".

La acción gubernamental no puede escudarse ni siquiera bajo la premisa de pretender "salvar al país" de una infiltración comunista ni de un derrocamiento del poder para convertirlo en un sistema político y económico diverso, pues no hay prueba alguna de que el 2 de octubre de 1968 los estudiantes pretendieran efectuar un "cuartelazo", asentó el impartidor de justicia.

Después del análisis de un total de 408 pruebas vertidas en declaraciones de testigos, víctimas y presuntos responsables, contenidos en videos, documentos, libros y periódicos, el Poder Judicial Federal valoró que se pudo evitar el derramamiento de sangre en 1968, pues siempre existieron otros medios practicables y menos lesivos, como el que pretendían los propios miembros del movimiento estudiantil, como lo era el "diálogo".

Para el magistrado Paredes Calderón, Echeverría Álvarez tuvo la opción de evitar la participación del Batallón Olimpia -"que dependía directamente de él"- y de agentes de la Dirección Federal de Seguridad el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, con lo que se habría frustrado la acción buscada y se habría evitado el resultado dañino a la vida y la puesta el peligro del grupo nacional integrado por estudiantes.

La resolución judicial consideró también que los primeros en disparar durante el mitin estudiantil efectuado en la plaza de las Tres Culturas fueron miembros de estos cuerpos de seguridad -el Batallón Olimpia es calificado en el fallo como un grupo paramilitar e inconstitucional- al mando directo de Echeverría Álvarez. "Al no existir nadie que abriera el fuego en contra del Ejército, éste no habría repelido la acción", se asentó.

Los otros responsables del 68

En la configuración del cargo de presunto genocidio por el cual se acusa al ex presidente Echeverría Álvarez, el fallo del magistrado del Segundo Tribunal Unitario de la ciudad de México estableció que el ex mandatario actuó con la complacencia de su superior jerárquico, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

De acuerdo con el magistrado Paredes Calderón, en el caso de Echeverría Álvarez, por su cargo de secretario de Gobernación, encargado de la política interior del país en ese momento y, con ello, de todo el entorno del movimiento estudiantil ocurrido en 1968, válidamente se puede inferir que siempre actuó con acuerdo del Presidente de la República.

De esta forma, Echeverría Álvarez es señalado como quien en compañía de Díaz Ordaz y los entonces secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza; el director de la Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, entre otros, fraguó el plan para "destruir totalmente" al movimiento estudiantil de 1968 que era coordinado y dirigido por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por estudiantes y simpatizantes.

Todos ellos, según el fallo, prepararon la acción delictiva y en forma conjunta, y coordinada el 2 de octubre de 1968, aproximadamente a las 18:00 horas, en la plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, en donde se celebraba un mitin del movimiento estudiantil, ejercieron violencia y a través de armas de fuego, blancas (bayonetas) y de otro tipo, perpetraron delitos contra la vida de un número considerable e indeterminado de personas, que resultaron muertas o heridas entre los manifestantes.

Así, aseguró el impartidor de justicia, en la realización conjunta de los hechos de violencia ocurridos hace más de 36 años, cada uno de los funcionarios participantes "aporta una conducta que tiende a la consumación del resultado, y que lo logra cuando es sumada a las demás, de ahí que se afirme que en la hipótesis que nos ocupa, existe un codominio del hecho delictivo y del resultado logrado, por parte de todos los participantes".

Por lo anterior se llegó a la conclusión de que desde el plano de la concepción y preparación, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez -según la resolución emitida- ejecutó la represión estudiantil con pleno codominio, dado que junto con otros pudo cómo, cuándo y dónde perpetrar la violencia.

El fallo destaca que válidamente se concluye que Echeverría concibió y propuso al presidente de la República la participación del Cuerpo de Guardias Presidenciales y del Batallón Olimpia a partir de la manifestación del 1 de agosto de 1968 y hasta el operativo especial del 2 de octubre.

Estudiantes, un "grupo nacional"

De acuerdo con la legislación penal de 1968, el delito de genocidio se comete cuando existe el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase, por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo.

En este caso, los estudiantes integraron un grupo nacional por su afinidad ideológica contra cuyos integrantes hubo homicidios masivos el 2 de octubre de 1968, con el propósito de lograr su destrucción total. Es decir, se cometió genocidio en su contra por la comisión de homicidios múltiples y por el propósito de su destrucción total como grupo nacional, aunque ésta no se lograra.

Según el fallo, esa finalidad de destrucción total contra los estudiantes del movimiento del 68, se evidencia con los homicidios masivos y por el hecho de que aquellos que no fueron privados de la vida, fueron detenidos, torturados, procesados y sentenciados, mientras que los demás miembros y simpatizantes identificados o declarados, fueron exiliados o sujetos a constante vigilancia, hostigamiento, y persecución política por parte de los gobiernos posteriores.

El delito de genocidio no sólo incluye los actos de homicidio, sino también la persecución y el sometimiento de las víctimas a condiciones de vida impropias, indicó el impartidor de justicia, quien añadió que tal persecución evidencia aún más que se pretendía destruir totalmente al grupo nacional conformado por los estudiantes de 1968.

Incluso, se consideró que el plan gubernamental para terminar con el movimiento, no buscaba únicamente detener a los líderes del CNH, sino en exterminar al grupo nacional que integraron los universitarios y politécnicos, así como obreros, amas de casa y otros, concluyó el magistrado.



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