Un tribunal federal resolvió que el Instituto Federal Electoral (IFE) sufrió un daño superior a los mil 600 millones de pesos, ante la venta ilegal del padrón electoral mexicano a la empresa estadounidense Choice Point en 2003, por lo que sentenció a una mujer a pagar esta cantidad al organismo, por concepto de reparación del daño, ante la comisión del delito de revelación de secreto.

No obstante el fallo emitido por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en contra de Irma Ruiz Suárez, una empleada de la empresa Soluciones Mercadológicas en Base de Datos, la mujer está libre desde enero de 2004 mediante el pago de una fianza de 96 mil pesos, pues el delito que se le imputa no es considerado grave.

Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) indicaron que en breve se emitirán las resoluciones judiciales en contra de Jorge López García, director general de la referida empresa, así como del gerente Ismael Vaca Ramírez y de la empleada Adriana López Cuevas, acusados de sustraer y vender la información del padrón electoral, quienes también gozan del beneficio de la libertad bajo fianza.

En caso de que también se les condenara a reparar el daño causado al Instituto Federal Electoral junto con Irma Ruiz Suárez, cada uno deberá pagar una parte proporcional de los mil 658 millones 659 mil 135 pesos, que fijó el tribunal ante la comisión del delito de revelación de secreto en su modalidad de pandilla, y al considerar que es un delito continuado, pues no hay elementos para presumir que la información vendida no se siga utilizando, aunque Choice Point aseguró que destruyó el material desde 2004.

Las autoridades hacendarias serán las encargadas de cobrar la reparación del daño a la primera sentenciada -por medio de créditos fiscales-, pero en caso de que la inculpada no pudiera cubrir el monto total, esto no implicará que pueda ser enviada a prisión, pues en estas situaciones se recurre a otros vías como el embargo de bienes para hacer efectivo el pago.

La investigación a Choice Point

La investigación que encabezaron tanto el IFE como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, inició en mayo de 2003, cuando se descubrió que la empresa Choice Point compró la base de datos que incluía los listados nominales mexicanos al gobierno de Estados Unidos.

En las pesquisas realizadas se determinó que empleados de la empresa Soluciones Mercadológicas en Base de Datos, que prestaba sus servicios al IFE, sustrajeron del Registro Nacional de Población (Renapo) la información del padrón electoral, que contiene los datos de 60 millones de mexicanos que cuentan con credencial de elector.

Aunque después de permanecer bajo arraigo, los presuntos responsables de la venta ilegal de la lista nominal quedaron libres, ya que la venta del padrón electoral no está penado en nuestro país como un delito electoral, y sólo se les siguió proceso por revelación de secreto, que no es considerado grave.

En mayo de 2004, un juez federal determinó que las leyes mexicanas sólo protegen y castigan el mal uso que se le da a los documentos públicos electorales. Y el padrón electoral no es un documento, sino una base de datos.