Desde hace casi dos años, los habitantes de Nueva Jerusalén, en Turicato, Michoacán, pidieron ayuda a la Procuraduría General de la República (PGR), ante la existencia de un comando armado que los mantenía amenazados de muerte, pero nunca tuvieron respuesta.
Al final, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra los funcionarios federales, por no actuar a tiempo para impedir el asesinato de uno de los jefes de la comunidad.
Este caso constituye la recomendación 5/2006 emitida por la CNDH contra la PGR, la cual admitió en marzo de este año, y que sigue pendiente, pues ni siquiera se ha abierto una averiguación previa para investigar a servidores públicos por violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, y a los derechos de víctimas del delito.
Así lo revela el último informe de actividades de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la PGR, en el que se indica el contenido de esta recomendación.
En ese poblado de Turicato -colindante con el estado de Guerrero-, los pobladores han sido víctimas del crimen organizado por meses, y han tenido que esperar una respuesta hasta el fin de semana pasado, cuando el gobierno federal lanzó una ofensiva contra delincuentes en Michoacán.
Amenaza cumplida
En marzo de 2005, los habitantes de Nueva Jerusalén, entre ellos Bartolo Eugenio Cruz, enviaron diversas denuncias a la PGR, a fin de que interviniera por la presencia de un grupo armado (40 hombres y su líder) "que los tenían amenazados de muerte, atemorizaban a la comunidad y abusaban de menores de edad".
Los pobladores no obtuvieron respuesta. Al final, los sicarios asesinaron a Cruz, el 15 de mayo de 2005, por lo que el caso llegó a la CNDH, que emitió una recomendación contra la PGR el 23 de marzo de este año, admitida por la dependencia una semana después.
Aunque hasta la fecha, según el informe de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, sólo se ha iniciado un procedimiento administrativo (el 202/2006), a fin de que el Órgano Interno de Control en la PGR determine si procede una sanción contra el agente Ministerio Público de la Federación que recibió la denuncia.