El pasado miércoles, diversos expertos en seguridad aseguraron que si no se diseñan estrategias de mediano y largo plazo, la Operación Conjunta Michoacán podría resultar poco efectiva, como lo fue el operativo México Seguro, que resultó en un recrudecimiento de enfrentamientos y ejecuciones en algunas de las plazas en las que fue desplegada.

El más alto responsable militar en el terreno de la llamada Operación Conjunta Michoacán, explicó que en comparación con aquel operativo México Seguro, realizado durante los últimos meses del sexenio pasado, donde la conducción de las acciones recayó en la Policía Federal Preventiva (PFP), en esta ocasión no hay límite de tiempo y el manejo de las directivas se hace de orden directa del secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván. "No es como el México Seguro. Aquí es actuar directamente en la zona donde laboran los narcotraficantes, es ubicar a los líderes de los cárteles para coadyuvar con la PGR para cumplir las órdenes de aprehensión, es trabajar y perfeccionar la labor de inteligencia".

Oficial de estado mayor, con maestría en seguridad continental por el Colegio Interamericano de Defensa, cuya sede está en Washington D.C., García Ruiz ha sido comandante de tropas en entidades de la República tan diferentes en cuanto al terreno y densidad poblacional como Nuevo León y Puebla.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el general García Ruiz manifestó que la coordinación con la novena región militar, con cuartel general en Acapulco, Guerrero, y con la quinta región con sede en Guadalajara, Jalisco, se da para que las tropas pertenecientes a las comandancias de zona de estas regiones sellen los caminos e identifiquen a los individuos que salgan de territorio michoacano para que, con el apoyo de la AFI, se verifique si hay alguno que tenga orden de aprehensión. "Hay que establecer procedimientos y ser más operativos", concluyó.

Respeto a los derechos humanos

El presidente del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo, consideró que la violencia del crimen organizado en Michoacán ameritaba una intervención a mayor escala, como la realizada por el gobierno federal, pero ésta debe garantizar, en todo momento, el respeto a los derechos humanos de la población.

También dijo que el operativo debe ser liderado por las autoridad civiles, y que cualquier conflicto de consecuencias jurídicas relacionado con él debe ser tratado en el ámbito civil, independientemente de que las fuerzas armadas están aportando el mayor número de elementos a la denominada Operación Conjunta Michoacán.

El especialista consideró que el gobierno federal debería establecer un mecanismo de colaboración con las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, para que estos organismos monitoreen la actuación de los elementos del Ejército y las corporaciones policiales en el operativo.

El especialista advirtió que aun cuando el operativo fuera todo lo exitoso que se planea, no resolverá el tema de la prevención del delito, porque se requiere generar políticas públicas que fortalezcan la capacidad de respuesta de los estados y los municipios frente al crimen organizado.